RESIDENCIAS DE MAYORES: REFLEXIÓN SUSCITADA POR LA COVID-19

A menudo oímos y decimos que la Covid-19 ha dejado en evidencia la debilidad de los servicios públicos, tanto en el sector sanitario como en el de servicios sociales; pero, especialmente, la pandemia ha sacado a la luz la grave situación de las residencias de personas mayores.

No es nueva la reivindicación feminista relativa a la necesidad de colocar los cuidados en el centro; pero, en mi opinión, si de algo ha servido esta pandemia, ha sido para concienciar a la sociedad de la importancia de los cuidados, y para hacerle un hueco al sistema de los cuidados en el ámbito político.

Es innegable que la Covid-19 ha golpeado fuertemente a las residencias de la tercera edad. En la primera ola, hasta junio, fueron 1.042 las muertes registradas en residencias de la tercera edad de Hego Euskal Herria, y 457 en la segunda ola, hasta el 27 de enero. Así pues, al menos el tercio de las muertes por Covid-19 se han dado en personas mayores usuarias de residencias.

Todos esos datos han dejado en evidencia que, entre la primera y segunda ola de la Covid-19, las instituciones responsables de las residencias no han aprendido mucho, o que, mejor dicho, las medidas implantadas (pues alguna sí se ha implantado) no han valido para mucho, porque, en realidad, la cuestión es que estamos ante un problema estructural, es decir, que es el propio modelo de las residencias lo que no funciona como es debido.

Más allá de hacer un análisis retrospectivo, lo que pretendo con este artículo es ofrecer una mirada que valga para reflexionar acerca del futuro. Mi reflexión se centra en Bizkaia, puesto que es el sistema que mejor conozco; pero los elementos principales recogidos en la misma deberán valer para aplicarlos en un contexto general.

¿Cómo queremos que nos cuiden?

Esta ha sido la primera reflexión que me ha venido a la mente como consecuencia de la pandemia. Actualmente, solo existen dos alternativas: permanecer en la propia casa, o ingresar en una residencia.

La mayoría de las personas desea vivir en casa el mayor tiempo posible. Pero, teniendo ese factor en cuenta, es evidente que no podemos continuar como hasta ahora, dejando los cuidados en manos de las mujeres, familiares o mujeres migrantes trabajadoras de hogar internas (a menudo sin contrato). Más aún si tenemos en cuenta que todo ello se hace a cambio de 180 € o, como máximo, 520 € (Prestación económica para cuidados en el entorno familiar). Esa es la solución que promueve la Diputación Foral, porque se trata de la opción más barata (en Bizkaia, son casi 57 mil las personas que tienen reconocida la situación de dependencia, de las cuales el 37,4 % reciben dicha prestación). Sin embargo, para que nos cuiden como es debido, hacen falta cuidadores/as profesionales, y hay que romper con el binomio mujer=cuidadora. Para ello, es preciso contar con un Servicio de Ayuda a Domicilio sólido (es competencia municipal), proveer a las personas cuidadoras de cada hogar de las ayudas técnicas y la formación específica necesaria, y garantizar las condiciones laborales dignas. Y todo ello requiere una gran inversión.

¿Qué tipo de cuidados se proporcionan en las residencias? En esta pandemia hemos visto que las residencias para personas mayores se han convertido en cárceles; sin visitas, sin salidas, en ocasiones sin salir de las habitaciones… Se debían tomar medidas para evitar los contagios, pero, de algún modo, las medidas aplicadas han sido las más «fáciles», como el aislamiento. No se ha tenido en cuenta que las personas mayores son vulnerables; no solo frente al virus, sino también en el ámbito emocional y, por consiguiente, en lo que a la atención emocional se refiere (la cual es imprescindible). Tal y como se han hecho las cosas, algunas de las personas mayores no morirán por Covid-19, pero podrían morir de soledad. Aparte de las medidas de aislamiento, ¿no sería posible aplicar otro tipo de medidas? Sí, es posible; pero, para ello, se necesita ampliar las plantillas. Ha sido muy significativo lo que ha sucedido en Bizkaia con las visitas y salidas. Entre la primera y segunda ola, Osakidetza daba la opción de realizar salidas, de pasar los fines de semana fuera de las residencias o de comer con las familias, pero la Diputación no ha permitido más que paseos terapéuticos. Existe una única razón para ello: las empresas que gestionan las residencias tendrían que contratar más personal para realizar salidas y visitas más abiertamente, pero no querían.

¿Pueden las empresas condicionar ese tipo de decisiones? En mi opinión, no deberían; pero son ellas las que mandan en las residencias de Bizkaia, puesto que la Diputación renuncia a asumir su responsabilidad. 

La privatización domina las residencias de Bizkaia

En Bizkaia, hay 154 residencias autorizadas, 10.748 plazas en total. Tenemos cuatro tipos de residencias en la red foral de residencias de Bizkaia: las gestionadas por la Diputación a través del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS), las que están bajo la competencia de los ayuntamientos, las que dependen de la Empresa Mercantil Foral Azpiegiturak, y las plazas concertadas.

Las del IFAS son públicas, tanto en lo relativo a la titularidad como a la gestión, y tienen 340 plazas. La mayor parte de las residencias municipales también son públicas (874 plazas). Pero aquellas que dependen de la empresa Azpiegiturak (1.865 plazas) son de titularidad pública, pero su gestión es privada. Por último, las plazas concertadas (7.037) están en residencias privadas. En total, son 10.116 plazas. Además, hay 632 plazas privadas (sin concertar).

Por lo tanto, las plazas públicas gestionadas por la Diputación no son mas que 340 (el 3,16 %). Si añadimos a ello las plazas de las residencias municipales, llegaríamos como mucho al 12 %.

En las demás, sean de  Azpiegiturak o sean plazas concertadas, la Diputación paga 93,3 € por cada día y plaza ocupada a las empresas gestoras de las residencias. Pero no se controla de ningún modo lo que se hace con ese dinero, pues solamente se les solicita que presenten un informe económico, nada más. He ahí uno de los principales problemas: por un lado, la gestión de las residencias es privada y, por el otro, la Diputación no asume la responsabilidad que le corresponde en relación a ese servicio; es decir, proporciona el dinero, pero luego no se hace cargo de controlar (o controla muy poco) la utilización del dinero y, sobre todo, la atención que se da en las residencias.

Y en cuanto a la calidad de la atención, no podemos olvidar que es necesario hablar de los y las trabajadores/as. Las ratios siguen siendo las establecidas por el decreto de 1998. Es ahí donde se establecen los mínimos. La Diputación Foral de Bizkaia tenía (y aún tiene) la oportunidad de aumentar esas ratios (así hizo la Diputación Foral de Gipuzkoa en 2010, gobernada por el PNV), pero no quiere hacerlo. Tras más de 20 años, finalmente, el Gobierno Vasco aprobó un nuevo decreto el 31 de julio de 2019, en el que establecía un periodo de dos años para aplicar las nuevas ratios. El Parlamento Vasco ha solicitado un cambio en el decreto, puesto que es totalmente insuficiente, más concretamente, porque las ratios no pueden ser simples números. Para calcular las ratios, se debe tomar como base el tiempo mínimo para proporcionar una atención digna (al menos, dos horas de atención directa), y en función de ello se deben calcular las diferentes necesidades de los tipos de trabajador/a.

Deberíamos reflexionar también acerca de la estructura de cada residencia. Si queremos trabajar el cuidado comunitario, no pueden ser las macroresidencias actuales, sin ninguna relación con la comunidad, …

Perspectiva de futuro

En los Plenos de Política General que se celebraron en septiembre, los Diputados Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa reconocieron que el sistema actual de residencias ha fracasado. No de forma explícita, pero los tres mencionaron que las residencias debían ser más pequeñas; hablaron de módulos de 25 personas, de la necesidad de coordinación con Osakidetza.  Pero, por supuesto, no hablaron de publificación, ni de la necesidad de ampliar las plantillas. Quieren tomar unas pocas medidas, sin poner en duda el modelo en sí. Pero considero que la pandemia ha dejado en evidencia las carencias del sistema de residencias, y creo que tendríamos que aprovechar esas carencias para analizar y debatir a fondo el actual modelo. Y también podemos aprovecharlas para ir aún más allá: para reflexionar sobre el sistema de cuidados en su conjunto.

Reivindicamos la necesidad de tener un sistema de residencias público. Estoy de acuerdo con ello. Pero no lo conseguiremos de la noche a la mañana, puesto que precisa de un proceso largo y complejo. Y mientras tanto ¿qué? El objetivo es la publificación, pero no podemos limitarnos a eso. 

Por un lado, tenemos que acabar con las privatizaciones, es decir, debemos exigir que las plazas de residencias de nueva creación sean públicas. Es más, en Bizkaia, el reto más inmediato es conseguir que no eliminen la residencia de personas mayores de Gallarta gestionada por el IFAS. La Diputación pretende convertirla en residencia para personas con diversidad funcional y, de conseguirlo, las personas mayores de Bizkaia perderían 64 plazas públicas a las cuales poder optar. Es totalmente inaceptable.

Por otro lado, debemos exigir medidas a corto y medio plazo, a fin de garantizar la calidad de la atención de personas mayores con dependencia. La Diputación debe garantizar un control público tanto de la utilización de los fondos públicos destinados a las residencias como de la calidad de la atención proporcionada en las mismas. 

La Diputación tiene que exigir a las empresas encargadas de la gestión de residencias a que tomen medidas concretas: contratación de más personal, creación de  módulos reducidos, formación para el personal, atención integral, … Es necesario tomar medidas urgentes en las residencias y, para ello, la Diputación debe multiplicar las inspecciones y ser rigurosa con ellas, sin descartar la posibilidad de intervenir en ellas. Todas las residencias pertenecientes a la Red Foral son de responsabilidad pública (bien sean de competencia de la empresa Azpiegiturak, bien sean plazas concertadas de residencias privadas), puesto que así lo establece la Ley 12/2008 de Servicios Sociales de la CAPV. En resumen, la Diputación no puede seguir dejando la atención de las personas mayores en mano de empresas; debe hacerse cargo de su propia responsabilidad, y tiene que apremiar a las empresas para que proporcionen una atención de calidad a las personas mayores.

El camino no será fácil, pero tenemos que conseguir que el dolor y las pérdidas ocasionadas por la pandemia Covid-19 se conviertan en oportunidad para construir un nuevo y sólido sistema de cuidados.

Arantza Urkaregi Etxepare

Artículo del libro Reflexiones feministas sobre la pandemia publicado por la Idazkartza Feminista de Steilas