Un sistema en equilibrio frágil que exige decisiones pendientes

Puntu eta jarrai

Prólogo

El objetivo de este artículo no es ofrecer respuestas cerradas, sino contribuir a un debate necesario sobre el presente y el futuro del sistema público de pensiones. Pretende aportar elementos de reflexión y abrir espacios de discusión que consideramos imprescindibles. Si sirve para cuestionar inercias y fomentar una participación más activa, habrá cumplido su finalidad.

Las asignaturas pendientes del sistema público de pensiones

El sistema público de pensiones del Estado español atraviesa una etapa decisiva que requiere transparencia, rigor y voluntad política. Existen cuestiones estructurales que siguen sin resolverse y que condicionan su viabilidad futura, generando incertidumbre entre la ciudadanía. Entre ellas destacan la auditoría comprometida de la Seguridad Social, la definitiva separación de los gastos impropios, el papel de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y la transferencia de las competencias económicas contempladas en el Estatuto de Gernika.

La auditoría pendiente: cinco años de retraso

La disposición adicional sexta de la Ley 21/2021 establecía la realización de una auditoría completa de la Seguridad Social —tanto de ingresos como de gastos— en un plazo de seis meses. Han transcurrido ya cinco años desde su aprobación y dicha auditoría no se ha materializado.

Su realización permitiría ofrecer una imagen rigurosa de la situación financiera del sistema público de pensiones, concebido como un modelo de reparto basado en la solidaridad intergeneracional. Solo con información transparente y completa puede evaluarse adecuadamente su sostenibilidad y garantizar el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución, que establece la actualización periódica de las pensiones.

El IPC medio: un debate técnico con efectos reales

La revalorización anual de las pensiones se realiza actualmente conforme al IPC medio interanual comprendido entre diciembre de un año y noviembre del siguiente. Este método no coincide necesariamente con la variación acumulada de precios entre diciembre y diciembre.

En contextos de inflación creciente, el uso del IPC medio puede no reflejar plenamente el incremento real de precios en el momento de la actualización, lo que puede traducirse en una pérdida progresiva de poder adquisitivo. Se trata de una cuestión técnica con consecuencias prácticas que debería formar parte del debate público sobre la suficiencia y garantía efectiva de las pensiones.

Los gastos impropios: una cuestión parcialmente resuelta

Uno de los debates centrales del sistema ha sido el de los denominados gastos impropios. Las cotizaciones sociales deberían destinarse prioritariamente a financiar las prestaciones contributivas. Sin embargo, durante años se imputaron a la Seguridad Social partidas que no guardaban relación directa con dichas prestaciones.

En 2019 estos gastos fueron estimados en torno a 22.000 millones de euros anuales. Entre ellos se incluían prestaciones no contributivas, complementos a mínimos, políticas de empleo o determinados costes de gestión. En los últimos años se ha iniciado el traslado progresivo de parte de estas partidas a los Presupuestos Generales del Estado, aunque el debate sobre la separación completa de fuentes de financiación sigue abierto.

La AIReF y los mecanismos de evaluación

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tiene encomendada la elaboración de informes periódicos para evaluar la sostenibilidad del sistema y el cumplimiento de los mecanismos establecidos en las reformas recientes.

La normativa prevé que, si el gasto en pensiones supera determinados umbrales en relación con el PIB, deban activarse mecanismos correctores. No se trata de un límite automático, sino de un sistema de evaluación que puede dar lugar a recomendaciones de ajuste.

Está previsto que antes de junio de 2026 se publique un nuevo informe. Su contenido será relevante para determinar el rumbo de futuras reformas y para valorar el equilibrio entre sostenibilidad financiera y suficiencia de las prestaciones.

Situación actual: viable, pero sujeta a decisiones políticas

El sistema público de pensiones se considera actualmente viable, aunque condicionado por factores demográficos y económicos. El gasto mensual en pensiones alcanza en 2025 aproximadamente los 13.750 millones de euros.

La referencia política sigue siendo el Pacto de Toledo, que ha orientado las reformas de las últimas décadas. No obstante, la evolución económica y las decisiones presupuestarias condicionarán el alcance de futuras medidas.

El Estatuto de Gernika: una transferencia pendiente

La competencia en materia de régimen económico de la Seguridad Social figura en el artículo 18 del Estatuto de Gernika y continúa pendiente de desarrollo efectivo.

Conclusión: transparencia, rigor y cumplimiento

Las cuestiones aquí planteadas no son accesorias. Afectan a la sostenibilidad, suficiencia y legitimidad del sistema público de pensiones. Resulta necesario:

• Culminar la auditoría comprometida de la Seguridad Social.
• Garantizar la separación completa y transparente de fuentes de financiación.
• Evaluar con rigor los efectos del mecanismo de revalorización.
• Publicar y debatir abiertamente los informes de la AIReF.
• Avanzar en el cumplimiento de las transferencias contempladas en el Estatuto de Gernika.

Además, desde Euskal Herria mantenemos una reivindicación histórica: el desarrollo de un sistema público vasco de pensiones que permita gestionar con mayor proximidad y responsabilidad las políticas de protección social en nuestro ámbito territorial.

Solo desde la transparencia, el rigor técnico y el respeto a los compromisos adquiridos podrá garantizarse un sistema público de pensiones suficiente, sostenible y socialmente justo para las actuales y futuras generaciones.