Txiki y Otaegi: La memoria que no se puede borrar
Puntu eta Jarrai
Este próximo sábado 27 de septiembre se cumplen 50 años del fusilamiento de Txiki y Otaegi. Ahora que se cumplen cinco décadas de aquellos asesinatos, creemos que es momento de romper el silencio, porque muchas de nosotras estuvimos en las calles en aquellos días, arriesgando nuestras vidas contra la dictadura.
Éramos trabajadoras, estudiantes, militantes. Conocíamos de primera mano lo que era el terror: el que ejercía el aparato represivo franquista con poder absoluto sobre la vida y la muerte. Salíamos temblando, pero salíamos, porque creíamos que la lucha por la libertad era justa y necesaria.
Hoy, quienes defendemos la sanidad pública frente a la privatización y las pensiones dignas frente al empobrecimiento, somos en muchos casos las mismas que entonces pusimos el cuerpo en la calle. Y no podemos callar ante lo que consideramos una operación de blanqueo histórico.
El 27 de septiembre de 1975: asesinatos de Estado
Juan Paredes Manot, “Txiki”, de 22 años, y Angel Otaegi Etxeberria, de 33, fueron fusilados junto a tres militantes del FRAP —José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz— tras unos consejos de guerra que la Ley de Memoria Democrática ha declarado nulos por constituir una farsa judicial.
No murieron en combate, ni cayeron defendiéndose. Fueron ejecutados después de detenciones, torturas y juicios sin garantías procesales. Detrás de cada disparo hubo una cadena de decisiones políticas y militares que llegaba hasta la cúpula del régimen.
Desde nuestra perspectiva, Txiki y Otaegi no fueron terroristas. Fueron víctimas del terrorismo de Estado.
La operación de silencio: desde antes de 1978
La estrategia de evitar responsabilidades comenzó mucho antes del final oficial de la dictadura. La Ley de Amnistía de 1977, presentada como una conquista democrática, garantizó en la práctica la impunidad de jueces militares, ministros y responsables de la represión franquista.
Mientras una parte significativa de la sociedad reclamaba justicia y depuración de responsabilidades, las fuerzas políticas mayoritarias optaron por un relato de “reconciliación” que, en nuestra opinión, evitaba las preguntas incómodas.
El PNV y el PSE-EE tuvieron un papel decisivo en esa construcción política. Consideramos que su estrategia ha ocultado sistemáticamente las responsabilidades de quienes ejercieron la represión y ha minimizado la voz de las víctimas.
Los verdugos que cayeron de pie
Muchos responsables del aparato represivo franquista no solo mantuvieron sus posiciones, sino que las reforzaron en la nueva democracia. Jueces del Tribunal de Orden Público se integraron en la Audiencia Nacional; antiguos ministros de la dictadura fundaron partidos políticos; empresarios que colaboraron con el régimen consolidaron su poder económico.
El silencio institucional respecto a estas continuidades no fue casual: fue una política deliberada que garantizó que los responsables de la represión “cayeran de pie”.
La criminalización actual de las víctimas
Lo que consideramos más grave es que en los últimos años, desde algunos discursos institucionales, Txiki y Otaegi son presentados bajo el paraguas del “terrorismo”, equiparándolos implícitamente con sus verdugos.
Esta operación no es inocente: criminalizar a las víctimas permite justificar retroactivamente la actuación del Estado franquista. Si aceptamos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, tenemos que reconocer que quienes ordenaron y ejecutaron los fusilamientos cometieron crímenes contra la humanidad.
Y eso cuestiona directamente la narrativa oficial de una Transición modélica basada en el consenso y el olvido.
El silencio cómplice del PNV y PSE-EE
En nuestra opinión, el PNV y el PSE-EE nunca han impulsado un proceso real de rendición de cuentas con el pasado represivo. Su silencio ha tenido el efecto práctico de contribuir a la impunidad de los responsables.
Nunca han exigido la depuración de jueces franquistas, nunca han cuestionado las continuidades empresariales del régimen, nunca han reclamado justicia para las víctimas. Han preferido integrar en sus estructuras a antiguos colaboradores de la dictadura antes que dar voz a quienes la sufrieron.
Memoria y lucha presente
Nosotras, que hoy defendemos lo público frente a quienes lo quieren convertir en negocio, que luchamos por pensiones dignas frente a quienes nos condenan a la pobreza, somos herederas de aquella resistencia.
No olvidamos ni permitimos que se reescriba la historia. Sabemos quiénes ejercieron el terror de Estado: quienes firmaron sentencias de muerte, quienes dieron órdenes de represión, quienes construyeron el aparato de la impunidad. Y sabemos también quiénes fueron las víctimas: jóvenes que creyeron que otro mundo era posible.
La memoria de Txiki y Otaegi no se borra. La verdad sobre lo que fueron víctimas del terrorismo de Estado no se negocia. Y nuestra exigencia de justicia, aunque llegue tarde, sigue siendo irrenunciable.
El blanqueo puede continuar, pero nosotras seguiremos recordando.