Vergonzoso: en Araba más del 65% de las plazas residenciales son privadas

 Los cuidados son necesarios a lo largo de toda la vida. Desde que nacemos las personas necesitamos ser cuidadas.

Cuando nacemos somos seres frágiles que tardamos en tener autonomía. Cuando vamos cumpliendo años las necesidades de cuidados van cambiando en función de las situación  de cada persona, y dentro de esa situación, aparte de la salud física y mental, la situación económica reviste una gran importancia.

Aunque la ley de Servicios Sociales del GV del 2008 ya habla de que el acceso a los servicios sociales es un  “Derecho Subjetivo”, lo cierto es que ni en posteriores decretos, ni en la práctica se está dando ese derecho universal a ser cuidado si se necesita.

Hace  años,  Araba parecía que podía ser un Territorio Histórico  referente en cuanto a atención a la dependencia y a los cuidados. Pero Araba ha sufrido un descalabro que no ha sido casual sino la consecuencia  del proceso de privatización, es decir de la voracidad de quienes gestionan las residencias y de las políticas de las Instituciones que se lo permiten y que favorecen esa privatización.

Es vergonzoso que más del 65% de las plazas de las residencias  en Araba sean plazas privadas. Sabemos que la calidad de la atención en las mayoría de las residencias privadas es bastante deficitaria: los ratios de personal para atender a las personas residentes no cubren las necesidades reales, los servicios médicos a veces son inexistentes, no hay manos para tanto trabajo…Asimismo  las condiciones de los trabajadores de esas residencias privadas, en su gran mayoría mujeres, son escandalosas: no cuentan con un convenio provincial y se les obliga a trabajar 1792 horas al año, frente a las 1592 que trabajan en Gipuzkoa, por ejemplo…. y aunque trabajan más horas, cobran 1104 € euros frente a los 1746 € de Gipuzkoa.

 La cuenta es fácil: en Araba las trabajadoras de las residencias privadas son menos para atender a más personas, trabajan 200 horas/año más y cobran 640€/mes menos.

El sistema es perverso. Las residencias se han ido privatizando por diferentes vías, por una parte, se ha detenido la construcción de residencias públicas. ¿Y qué pasa si alguien por su situación necesita ingresar en una residencia? Diputación le da un txeke para que se vaya a una residencia privada, completando  el dinero que tiene que pagar la persona o su familia. Pagamos con dinero público un negocio privado.

Con este panorama parecería que hay que ahorrar mucho para ser cuidado o cuidada en casa, pero tampoco es la solución. El Servicio de Ayuda a Domicilio también ha sido precarizado y todo nos aboca a que sea una persona de la familia, normalmente mujeres, quien se haga cargo de los cuidados de quien lo necesite o, para quienes tienen algo más de recursos, a contratar en malas condiciones a una cuidadora, por lo general migrante.

En este contexto, la lucha por la publificación y dignificación del cuidado cobra una gran relevancia, especialmente para las personas pensionistas que vemos que en unos años seremos usuarias de esos servicios de cuidados. Por eso, la huelga general feminista de cuidados del 30 de noviembre es una iniciativa que apoyamos desde el movimiento pensionista.

También cobra especial relevancia el tener una pensión  por lo menos de 1080€ para poder vivir con dignidad.

¡servicios públicos de calidad!

¡Por un sistema público de cuidados!

Por unas pensiones dignas y suficientes, como mínimo de 1080€

25 de septiembre de 2023