Viajar con movilidad reducida
El transporte accesible no es un lujo: es la base de una ciudadanía plena.
Este artículo ha sido escrito por Agurtzane Sotch, andereño que ha trabajado en ikastolas de Euskal Herria. En él analiza las barreras cotidianas que enfrentan las personas con movilidad reducida en el transporte público, cuestionando por qué la accesibilidad sigue siendo considerada un privilegio opcional en lugar de un derecho fundamental. Un texto que invita a repensar nuestras prioridades como sociedad.
Hablar de movilidad reducida suele provocar un silencio incómodo: es un tema que muchos creen entender, pero que pocos conocen de verdad. Y no es por falta de información, sino que es por falta de experiencia. Quien nunca ha tenido que planificar un trayecto pensando en si habrá rampas, ascensores operativos, autobuses adaptados o paradas accesibles, difícilmente comprende lo que significa depender de un transporte que podría -pero no quiere- ser inclusivo.
El verdadero problema no es la movilidad reducida. Es la movilidad limitada por decisiones políticas, por presupuestos mal priorizados y por una indiferencia social que aún considera la accesibilidad como un detalle opcional, casi un “extra” o un privilegio. Sin embargo, el transporte accesible no es un capricho: es la condición mínima para que una persona pueda estudiar, trabajar, hacer gestiones, ir a terapias o simplemente vivir con autonomía.
Los trenes de cercanías deberían ser el símbolo de la movilidad cotidiana: rápidos, frecuentes, sostenibles y sobre todo, accesibles para todos. Pero para las personas con movilidad reducida, subirse a uno sigue siendo una carrera de obstáculos, donde la improvisación reemplaza a la planificación y la buena voluntad sustituye a la accesibilidad real.
A diario miles de personas se encuentran con barreras que no deberían existir en 2025: estaciones sin ascensores, escaleras inaccesibles, rampas demasiado inclinadas, trenes, autobuses o tranvías sin espacio real para las sillas de ruedas, plataformas averiadas que nadie se preocupa en reparar. Y cuando alguien se queda en el andén porque no puede subir, la culpa nunca es del sistema: siempre se presenta como un inconveniente “inevitable”, un “lo sentimos mucho”, un “tendrá que esperar al siguiente”.
Lo más frustrante es que la tecnología y el diseño ya existen. No estamos pidiendo nada que no esté inventado: existen plataformas niveladas, avisos sonoros y visuales, ascensores operativos, trenes accesibles de serie y procedimientos claros para garantizar que una persona en silla de ruedas no tenga que avisar con horas de antelación para hacer un trayecto de diez minutos. La accesibilidad no debería ser un trámite previo, sino un estándar incorporado.
Porque estas barreras no solo nos impiden movernos, nos impiden participar en esta sociedad. La falta de accesibilidad en los transportes públicos no solo retrasa viajes: retrasa vidas. La falta de accesibilidad en el transporte nos genera aislamiento, dependencia forzada y desigualdad. Es una forma de discriminación cotidiana silenciosa. Significa llegar tarde al trabajo, perder una consulta médica, no poder asistir a clase, o renunciar directamente a salir porque no sabes si hoy funcionará el ascensor de tu estación. Lo cotidiano se convierte en incierto, lo sencillo en complejo y lo normal en inalcanzable.
La accesibilidad debe dejar de ser un proyecto piloto, una promesa electoral, una foto el día de la discapacidad o un plan que siempre empieza el año que viene, no es un gesto hacia un colectivo minoritario. Las estaciones accesibles benefician a personas mayores, familias con carritos, viajeros con lesiones temporales, turistas con equipaje… y a personas con movilidad reducida.
La accesibilidad tiene que convertirse en un eje central del diseño urbano y del transporte público. No se trata de adaptar lo que ya existe, sino de construir pensando desde el principio en todos los usuarios. Porque cuando algo es accesible para quien más lo necesita, lo es para todos.
Pero el problema de fondo no es técnico, sino cultural y político. La accesibilidad no puede depender de parches, reformas aisladas o licitaciones que tardan años en materializarse. Necesita visión a largo plazo, inversión estable, y sobre todo, una convicción firme: el transporte público no es realmente público si excluye a parte de los ciudadanos.
Los trenes de cercanías deberían unirnos, no dejarnos en el andén. Y hasta que la accesibilidad deje de ser una mejora pendiente y pase a ser una obligación incuestionable, seguiremos viajando para atrás.
La movilidad es un derecho, no es un privilegio. Y un territorio que no garantiza el acceso universal al transporte es un territorio que excluye activamente a personas vulnerables. La pregunta no es si podemos permitirnos invertir en accesibilidad; la pregunta es por qué seguimos permitiéndonos la ausencia de ella.