Las asociaciones y movimientos de pensionistas del estado se han unido para dirigirse a la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, expresando su preocupación por la falta de solución a sus reivindicaciones básicas.
En el escrito, los grupos firmantes, que incluyen ASJUBI40, COESPE, EHPM, MADPP, MODEPEN y UNIDAD COESPE, entre otros, señalan que las condiciones de vida de las personas pensionistas se están deteriorando debido a la insuficiencia de las pensiones públicas y la privatización de servicios como la sanidad y las residencias.
Afirman que el aumento de los costes de productos y servicios básicos está haciendo que cada vez más personas mayores no puedan acceder a una alimentación sana, una vivienda confortable y unos ingresos por encima del umbral de la pobreza.
Las organizaciones exigen que se cumpla el compromiso de establecer una pensión mínima de 1080 euros, ya que las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes. Además, denuncian que la brecha de género en salarios y pensiones sigue sin resolverse y solicitan que se mejore sustancialmente la pensión de viudedad.
Otro de los puntos clave es la derogación de los recortes introducidos en las reformas de 2011 y 2021, como el retraso en la edad de jubilación a los 67 años y la prolongación del período de cálculo de las pensiones, que han reducido las cuantías.
Las pensionistas también exigen la realización de la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social prevista en la Ley 21/2021 y la derogación de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados.
Por último, solicitan que todo el esfuerzo destinado a la creación de un “sistema complementario de pensiones” se emplee en garantizar y mejorar el sistema público de pensiones, pidiendo la derogación de la ley 12/2022 que creó el fondo “público” de pensiones.
En resumen, los movimientos de pensionistas de todo el estado se han unido para exigir al Gobierno soluciones concretas que garanticen unas pensiones públicas dignas y suficientes, poniendo fin a la pérdida de poder adquisitivo y a la brecha de género que afecta a este colectivo.
