Divulgamos estas noticias del movimiento pensionista por su interés
1.- Movilización pensionista en Gasteiz el 18 de abril
Como colofón a la intensa campaña que viene desarrollando en las últimas semanas, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha convocado una manifestación en Gasteiz el jueves 18 de abril, que partirá a las 11:00 horas de la plaza Bilbao y culminará ante la Catedral, en las cercanías del Parlamento Vasco. En ella participarán las plataformas de pensionistas que se están movilizando todos los lunes en las capitales y en más de 60 localidades de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Será una movilización que se llevará a cabo tres días antes de la celebración de las elecciones autonómicas el 21 de abril. Al igual que en los últimos meses y semanas volveremos a demandar a todos los partidos políticos que asuman y defiendan el complemento a las pensiones mínimas a 1.080 euros en el plazo más breve posible, es decir en este año 2024. Y que en el próximo parlamento que salga de estas urnas se apruebe de inmediato esa petición, exigiendo al nuevo gobierno que se forme su aplicación.
Son 168.000 personas pensionistas en la CAV quienes perciben pensiones por debajo ‒o muy por debajo‒ de los 1.080 euros, en su gran mayoría mujeres. Pensión mínima que venimos demandando desde hace más de seis años para poder vivir con un mínimo de dignidad, y que, además, esa cifra durante estos años se ha visto muy deteriorada o debilitada en su capacidad de adquisición por la inflación y sobre todo por el aumento del coste de la cesta de la compra.
No hay la menor justificación económica, social y política que impida asumir y aplicar esa petición. Durante estos algo más de seis años decenas de millares de pensionistas nos hemos movilizado en las calles de la CAV y Nafarroa en defensa de esa demanda o reivindicación. Y el amplio arrope social con que cuenta, incluso de instituciones locales como los ayuntamientos ‒bastante más de la mitad de los municipios de la CAV han dado su apoyo a la moción del MPEH en favor del complemento a las pensiones a 1.080 euros‒ son un ejemplo de ello. La manifestación del 18 de abril en Gasteiz será una muestra más de ese apoyo social, al que los partidos políticos que formen parte del nuevo parlamento y el nuevo gobierno que salga del mismo, no pueden hacer oídos sordos.
En las capitales y en buena parte de las comarcas de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) se están apuntando grupos de pensionistas y cubriendo autobuses para acudir a esa manifestación en Gasteiz. Es un reto importante para mostrar en la calle el apoyo a esa demanda y hacer valer ante todos los partidos políticos su respaldo social, más aún ante la celebración de las elecciones autonómicas pocos días después. Desde estas líneas invitamos a todos y todas las pensionistas a sumarse a esta movilización, porque el logro de esa reivindicación lo requiere más que nunca.
2.- Rueda de prensa pensionista el 12 de abril en Donostia
El próximo viernes día 12, se celebrará en Donostia una rueda de prensa, a las 11:00 de la mañana en el Kiosko del Boulevard, en la que participará una amplia representación del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. En ella se dará cuenta de la amplia campaña que estamos impulsando ante las elecciones autonómicas que culminarán el 21 de abril, en defensa del complemento a las pensiones mínimas a 1.080 euros. Destacando en especial la convocatoria de la manifestación pensionista que se llevará a cabo el 18 de abril en Gasteiz. Asimismo, se informará de los resultados de las mociones presentadas en los ayuntamientos en apoyo a esa reivindicación.
Con esa rueda de prensa se pretende dar publicidad y hacer llegar al máximo de gente el intenso trabajo del MPEH en defensa del complemento a las pensiones mínimas a 1.080 euros y el amplio arrope social con que cuenta.
3.- 2,14 millones de pensionistas en el Estado español perciben las pensiones mínimas
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, a cuyo frente se haya la ministra Elma Saiz, en marzo de este año la pensión media de jubilación en el Estado español era de 1.432,8 euros y la pensión media de las pensiones de 1.252 euros.
Citar solo las pensiones medias siempre crea una imagen parcial e interesada de la realidad de las pensiones, porque tratan de quitan importancia, u ocultar, a los millones de personas pensionistas que están por debajo ‒o muy por debajo‒ de éstas. La cruda realidad es que 2,14 millones de pensionistas en el conjunto de Estado español ‒una quinta parte del total‒ perciben las pensiones mínimas, muy alejadas de los 1.080 euros. Y que entre la CAV y Nafarroa son 220.000 las personas pensionistas que tienen una pensión por debajo de los 1.080 euros.
Por ejemplo, en estos momentos la pensión mínima contributiva de una persona jubilada pensionista con más de 65 años, con cónyuge no a cargo, es de 783,3 euros mensuales (10.966,2 euros anuales). Este dato muestra, por sí solo, la distancia que hay entre esa pensión y los 1.080 euros que venimos demandando el movimiento de pensionista desde hace más de seis años.
Nada parece indicar que la voluntad de la ministra Elma Saiz y del Gobierno de coalición, presidido por Pedro Sánchez, esté dispuesto a tomar medidas inmediatas para subir las pensiones mínimas a 1.080 euros, o a situarlas al nivel de los 1.134 euros mensuales correspondientes al Salario Mínimo Interprofesional, menos aún con la excusa de que este año no habrá nuevos presupuestos generales al haber sido prorrogados hasta el 2025.
Elma Saiz ya ha manifestado que su criterio de actualización de las pensiones mínimas para los próximos años no será tomando como referencia las recomendaciones de la Carta Social Europea en cuanto a las pensiones y el SMI, sino una estimación sobre una cantidad basada en el concepto de pobreza, cantidad muy por debajo de una pensión mínima que permita vivir con un mínimo de dignidad.
No caben escusas para no asumir esa demanda básica, por lo que se hace necesario seguir movilizándose y exigiendo que sin más dilación se establezca la pensión mínima en 1.080 euros.
4.- Comunicado de la Unidad de Acción pensionista estatal ante la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado
En un comunicado hecho público el 25 de marzo, la Unidad de Acción pensionista estatal ‒de la que forma parte el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria‒ señala que “han celebrado recientemente diversas reuniones con los grupos parlamentarios de BNG, SUMAR, EH Bildu, ERC y Podemos (el PSOE de momento no ha contestado a su petición de reunión), con diverso grado de compromiso respecto al apoyo de sus reivindicaciones”.
Destacan que “los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se prorrogan, pero las necesidades de las personas pensionistas son improrrogables. Si hay voluntad de atenderlas, seguro que son posibles, y desde las calles y las plazas así lo exigiremos”. Y subrayan que la “no aprobación de los presupuestos puede poner en cuestión algunas de las subidas previstas y va a seguir perpetuando la enorme brecha de género en pensiones (más del 30%) que afecta a las mujeres, y a las pensiones mínimas cuya subida del 6,9% es insuficiente y siguen siendo pensiones de miseria”.
Concluye el comunicando señalando que “las personas pensionistas y cualquier trabajador/a están amenazadas por la pérdida o la privatización del salario diferido que son las pensiones públicas”. Por ello, manifiestan que vamos a seguir planteando sea cual sea la situación institucional del país, nuestras reivindicaciones.
. Pensiones públicas mínimas equiparadas con el SMI y ambas equivalentes al 60% del salario medio según la Carta Social Europea. ¡Planteamos 1.080 euros ya!
. Habilitar partidas económicas para cerrar la vergonzosa brecha de género. El complemento asignado y no complementado de 33 euros no resuelve ningún problema.
. Aumentar la base reguladora de la pensión de viudedad que permita una pensión digna.
. Exigimos el cumplimiento de la ley 21/2021, según la cual se realizaría una auditoría de cuentas de la Seguridad Social que garantice la compensación derivada del desvío de cotizaciones a fines ajenos al sistema público de pensiones y de la Seguridad Social.
. Rechazamos los PPEs (Planes de Pensiones de Empleo) que detraen dinero público a la Seguridad Social, y solo benefician a las empresas mediante medidas fiscales y deducciones del 10% del Impuesto de Sociedades.
. Exigimos eliminar los coeficientes reductores en las largas carreras de jubilación.
5.- Critica a la asistencia sanitaria en residencias de la Comarca de Pamplona
Publicamos por su interés algunos extractos de la carta crítica de una persona afectada, publicada en la Tribuna de un periódico navarro.
Cuando una persona mayor dependiente ingresa en un centro residencial de la Comarca de Pamplona se le asigna profesionales médicos y de enfermería de un centro privado. Esa decisión, ausente de amparo legal, impide a las personas residentes acceder a la Atención Primaria de Salud del sistema público al que tenemos derecho todas las personas.
Recuperar este derecho es francamente difícil, pues requiere enfrentarse al sistema sanitario y al de servicios sociales, un camino plagado de resistencias administrativas y carente de protocolos de coordinación entre ambas instancias. Al parecer, el personal sanitario de la residencia pierde el acceso a la historia clínica. En consecuencia, la familia les debe suministrar la medicación, llevar por escrito las indicaciones médicas dadas en cada consulta y viceversa, de la residencia al centro de salud. Este compromiso, bien por problemas de edad, capacidad o disponibilidad de tiempo, no está al alcance de cualquiera.
Se ha tenido que acudir al Defensor del Pueblo para sacar los colores a nuestras autoridades por haber ignorado durante décadas que esta decisión es ilegal, que los usuarios de los servicios residenciales tienen derecho a tener asignado personal médico del sistema sanitario público siendo responsabilidad de los poderes públicos garantizar la coordinación entre los centros de salud y los servicios médicos de las residencias.
Debe restituirse de inmediato este derecho. Es imprescindible que la nueva Ley Foral de Salud reconozca la Atención Primaria pública como servicio responsable y eje de la atención sanitaria de las residencias de mayores, dotándola de los recursos necesarios para poder asumir esa responsabilidad, promoviendo la integración funcional de los servicios sanitarios públicos y los de los centros residenciales y esto compensaría en parte los estragos producidos por el ánimo de lucro que domina la atención residencial de nuestra comarca y la atención a la dependencia en general. Como dice una persona que vive en una residencia: “mientras el cuidado de los viejos sean un negocio, no hay remedio”.
6.- Pensionistas de Amurrio presentan una reclamación conjunta ante la estación de Renfe de la localidad
El lunes 25 de marzo, tras la concentración habitual, los y las pensionistas de Amurrio presentaron una reclamación conjunta ante la estación de Renfe del pueblo, para pedir urgentemente la accesibilidad en la línea C-3 de Orduña a Bilbao.
De esta manera se suman a la iniciativa puesta en marcha por Maria Luisa Goikoetxea, vecina de Orduña que lleva años pidiendo la accesibilidad para las personas con diversidad funcional.
En una reciente comparecencia de transportes le recordaron al ministro que cumpla el artículo 49 con trenes accesibles. Dijo que van a llegar 500 trenes nuevos, pero no precisó ni cuándo ni dónde. Maria Luisa ha puesto en marcha una campaña, ya que considera que es el momento de hacer presión. Y anima a los vecinos y vecinas de Aiaraldea a poner reclamaciones en cualquier estación de Renfe de la comarca, para pedir la accesibilidad real.
Los problemas de accesibilidad para las personas con diversidad funcional, tanto en los transportes públicos como para su movilidad en las calles de la ciudades y pueblos, no constituyen para las instituciones públicas en general una preocupación de carácter social que afecta a muchas personas. Ahí está también, por ejemplo, el problema de la nueva OTA en Bilbao, con las limitaciones que impone a las personas con diversidad funcional y que ha sido denunciado por éstas. Para el movimiento de pensionistas es una cuestión social que debe ser abordada con responsabilidad por las instituciones públicas, adoptando medidas prácticas que permitan la accesibilidad y en consecuencia todo tipo de relaciones sociales a esas personas.
7.- Poner freno al deterioro de Osakidetza, en especial de la Atención Primaria
En todas las encuestas de opinión que se vienen realizando de cara a las elecciones autonómicas, la preocupación sobre Osakidetza y su deterioro ocupa un lugar de primer orden. Y no es por causalidad, o por una cuestión circunstancial o de carácter temporal.
Las largas listas de espera, la falta de médicos y profesionales sanitarios, las limitaciones de atención en los ambulatorios o consultorios médicos ‒sobre todo en verano y en los periodos vacacionales‒ el debilitamiento o liquidación progresiva de los Puntos de Atención Continuada (PAC), etc., todo ello acompañado de un proceso de privatizaciones o de derivaciones de atención a servicios privados médicos, han venido generando desde hace años un profundo malestar social.
Y esto ha provocado que se vengan realizando múltiples movilizaciones por parte de los sindicatos de sanidad y de diversas plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública, denunciando el deterioro de la sanidad pública y de las condiciones de sus plantillas, así como la política de privatizaciones impulsada por la dirección de Osakidetza y la consejería de Salud del Gobierno de Gasteiz. Las continuas protestas en muchos pueblos por los cierres o limitaciones de los PACs, o la proliferación en múltiples localidades de las OPAs (Plataformas en Defensa de la Salud Pública) no son más que otro ejemplo del amplio descontento social en los tres territorios de la CAV.
La consejera de Salud, Gotzone Sagardui y el Gobierno de Urkullu no solo han venido negando los problemas de Osakidetza y de sus plantillas, sino que se han negado a abordarlos y tratar de solucionarlos con los sindicatos. Pero ha llegado el momento de tener que “reconocer” esos problemas y tratar de cambiar su discurso ante las próximas elecciones del 21 de abril. Es por ello que, Imanol Pradales, candidato a lehendakari por el PNV, hace unos días en un acto electoral en Laudio propuso “un gran acuerdo vasco político y social que desarrollaremos a través de un dialogo abierto entre los diferentes actores que conforman nuestro sistema: administraciones, agentes políticos y sociales, colegios y asociaciones de profesionales, universidades, asociaciones de pacientes y farmacias, entre otros”.
Veremos en que queda esa promesa. Pero resulta poco creíble esa propuesta de Pradales, candidato del PNV, partido que ha gestionado Osakidetza durante todos estos años y principal responsable de su deterioro. Sin duda es necesaria e imprescindible la más amplia participación política, sindical y social para abordar este problema y darle una solución de futuro. Pero sin una amplia, plural y unitaria movilización social en la calle no se logrará pasar de las palabras a los hechos, poner freno al deterioro de Osakidetza y garantizar una sanidad pública vasca, de calidad, gratuita y universal.
