1.- La banca sigue con las mismas. El lunes, 20-S, las y los pensionistas vascos de nuevo en la calle
La banca acumula cada día más beneficios mientras que los servicios que ofrece se deterioran. Las prácticas abusivas con los créditos y las hipotecas, el incremento del cobro de comisiones, el cierre de sucursales, la reducción de los servicios de atención presencial…, acompañado de la destrucción de miles y miles de puestos de trabajo son el pan de cada día con el único objetivo de multiplicar sus beneficios.
Estas medidas afectan al conjunto de la sociedad, pero en especial a las personas mayores y pensionistas, por el alto costo de las comisiones para personas con bajas pensiones o ingresos, las dificultades para las operaciones por internet y la necesidad de ser atendidas presencialmente. Problemas que se han acentuado durante los 18 meses que venimos soportando el covid-19.
Y si nos referimos al ámbito rural, los problemas se acrecientan aún más. En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) 60 de los 250 municipios no cuentan con sucursal bancaria, incluso en algunos pueblos ni siquiera hay un cajero. Unas 30.000 personas, buena parte de ellas mayores sin coche o con escasos medios de transporte público, se ven obligadas a desplazarse 5 y más kilómetros de su domicilio para poder disponer de su dinero.
Como se señala en un comunicado público del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria: “No podemos admitir esta situación. Exigimos medidas inmediatas que reparen los problemas denunciados ya en diversas ocasiones y avanzar hacia una Banca Pública al Servicio de la Ciudadanía. Por ello saldremos de nuevo a la calle el lunes día 20 en las cuatro capitales y 70 pueblos de Hego Euskal Herria y también lo haremos saber en los Parlamentos Vasco y Navarro, Juntas Generales y Ayuntamientos”.
2.- Marcha de pensionistas a Bruselas
Organizada conjuntamente por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria con Plataformas de Pensionistas de Castilla León y Andalucía, pertenecientes a la COESPE, el 27 de septiembre, a media tarde, arrancará desde Bilbao una Marcha en autobús hasta Bruselas, donde está ubicado el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
El motivo, denunciar la estrategia de debilitamiento de los Sistema Públicos de Pensiones Europeos y el fortalecimiento de los Planes Privados de Pensiones, utilizando para ello los Fondos Europeos. No se trata de una denuncia general de algo que no conozcamos ni suframos. En el Estado español, las posiciones del Gobierno y el acuerdo alcanzado sobre la primera parte de la reforma de las pensiones con la CEOE-Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT, no son en absoluto ajenas a las condiciones impuestas por la Comisión Europea para la concesión de la primera parte de los Fondos Europeos.
Tampoco lo son las medidas que se están negociando ya en la Mesa de Diálogo Social, para intentar concluirlas en noviembre, sobre el Factor de Equidad Intergeneracional –que supondrá sin duda un ataque muy fuerte a las futuras pensiones– y el Plan Público, con gestión privada, de planes privados de pensiones para empresas y diversos sectores. También forman parte del mismo paquete, las negociaciones en curso sobre la reforma laboral, la limitación de la subida del SMI que se acaba de aprobar y otros recortes sociales. Son los mismos agentes de la Mesa de Diálogo Social quienes negocian todas estas cuestiones, sólo que lo hacen de un modo paralelo.
Pero no hay que dejar de lado que, si bien existen esos fuertes condicionamientos de Europa, la responsabilidad principal de lo que se decide está, en primer lugar, en el Gobierno, pues tiene cierta potestad a través de decretos-ley de tomar medidas como la de la subida del SMI… y, en segundo lugar, en el Congreso y los partidos políticos que forman parte del mismo.
Las y los compañeros pensionistas del resto del Estado, llegarán a Bilbao el domingo 26, previsiblemente a última hora de la tarde. Y el lunes 27, a la mañana, participarán en la concentración habitual que se hace a las 12 ante el Ayuntamiento. Durante el acto se celebrará una rueda de prensa masiva para dar a conocer los objetivos y pormenores de la marcha. La vuelta desde Bruselas será el 28 a la tarde, previendo su llegada a Bilbao a primeras horas del día 29.
En Bruselas, habrá la posibilidad –ya asegurada– de que una representación de las y los marchistas se entrevisten dentro del Parlamento Europeo con un grupo de europarlamentarios de diversos partidos y con la Comisión de Empleo y Política Social. Y en la calle, a las puertas del Parlamento, al término de las reuniones con los y las parlamentarias, se dará una rueda de prensa con el apoyo y la presencia de todas y todos los compañeros marchistas.
Es una iniciativa un tanto dura para gente de la edad de las y los pensionistas, y también costosa por el gasto del viaje y de la manutención. La pretensión es llevar dos autobuses. Aún hay huecos suficientes para que se apunten más personas pensionistas. Quienes deseen hacerlo pueden apuntarse por los canales ordinarios, dirigiéndose personalmente o por teléfono a las dos personas que se han responsabilizado por cada provincia de Hego Euskal Herria.
3.- Protestas contra la subida de la luz y las tarifas eléctricas
Más de 4.000 pensionistas salimos el lunes a la calle en las cuatro capitales y en unos 70 pueblos de Hego Euskal Herria, para denunciar la escalada sin freno de la subida de la luz y de las tarifas eléctricas, con gran impacto sobre todo en las personas y familias con menos ingresos y personas pensionistas que malviven en la pobreza energética.
La concentración y manifestación más numerosa fue la de Bilbao, que reunió a unas 800 personas. Se concentró y arrancó en la Plaza Euskadi, frente a la Torre de Iberdrola y culminó ante la subdelegación del gobierno central en la Plaza Moyúa. La concentración y denuncia ante Iberdrola simbolizaba y correspondía al papel de esta gran empresa eléctrica vasca en la subida de los precios de la luz y de las facturas eléctricas de carácter doméstico, con el consiguiente aumento escandaloso de sus beneficios al igual que los de las otras grandes empresas eléctricas que monopolizan todo el proceso de producción de la energía eléctrica, estableciendo los precios a su antojo e interés. En la manifestación también tomó parte el colectivo Ekologistak Martxan.
El jueves tuvo lugar otra concentración ante la Torre de Iberdrola, en este caso convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos/as de Bilbao y Ekologistak Martxan y apoyada por el movimiento de pensionistas y varios sindicatos. Reunió a unas 1.000 personas.
Las movilizaciones del movimiento de pensionistas en el conjunto de Hego Euskal Herria tuvieron un eco significativo en diversos medios escritos y televisivos, reflejo de la importante preocupación social por la subida de la luz y las tarifas eléctricas.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado conciencia de la dimensión social de este problema. Y el martes el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas, plasmadas en un Decreto-Ley, para amortiguar el impacto en el recibo de la luz. Entre ellas hay una que ha levantado una gran polvareda en las grandes eléctricas porque el objetivo es que devuelvan hasta el 90% de los llamados “beneficios caídos del cielo” de los que se aprovechan injustificadamente para ver incrementadas sus ganancias. En todo caso, las medidas propuestas serán de carácter temporal, con la esperanza de que el precio de las tarifas eléctricas se asemeje a las del 2018.
Es difícil pronosticar en qué va a quedar todo esto, ni hasta dónde va a llegar el Gobierno, mucho menos saber los efectos concretos e inmediatos que esas medidas puedan tener en el precio de la luz y de las tarifas. Desde luego, si no se pone freno inmediato a esta escandalosa subida de precios, en nuestra opinión habría que preparar con cierta urgencia una movilización masiva y unitaria, abierta a todos los sectores o colectivos sociales dispuestos a participar en la misma.
4.- Osakidetza continua con los recortes
Osakidetza necesita con urgencia más inversión y más plantilla. Esta necesidad viene de lejos y se ha agudizado con la pandemia del covid-19. Es el fruto de una política aplicada por el Gobierno de Gasteiz desde la crisis económica del 2008 y de su decidida apuesta por la privatización
La pandemia ha puesto de manifiesto que Osakidetza tienen un déficit de camas importante, sobre todo en las unidades de críticos, de reanimación y UCI. Alemania, por ejemplo, tiene 30 camas por cada 100.000 habitantes, Osakidetza sólo dispone de 9.
Estudios comparativos con países del entorno europeo subrayan que Osakidetza sufre un déficit muy grande de médicos en la Atención Primaria y que se necesitan alrededor de 3.000 enfermeras y enfermeros. Lo mismo ocurre en categorías como auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos, celadores, etc. Y peor están los servicios de limpieza y otros, subcontratados por Osakidetza, con plantillas reducidas y malas condiciones laborales.
La llegada de la pandemia ha traído consigo un incremento de las necesidades en salud de la población y en especial de las personas mayores, pero no ha supuesto un freno a la política de recortes. Ahí está el reciente cierre del Punto de Atención Continuada (PAC) de Deustu en su horario nocturno que resulta ser el último de una larga lista: San Martín en Gasteiz, Altza en Donostia, Zumárraga en Gipuzkoa, Alkorta en Bizkaia… Unos cierres que han provocado que el 31,80% de la población de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), unas 690.000 personas, carezcan de un acceso completo a servicios de urgencia extrahospitalaria.
Por otra parte, durante el verano se ha reducido la atención mediante el cierre de la mayoría de los Ambulatorios a partir de las 5 de la tarde en vez de a las 8 como se venía haciendo hasta ahora. A esto hay que añadir las dificultades para acceder a una atención presencial, fundamental para un buen diagnóstico, y el retraso enorme para realizar intervenciones quirúrgicas de urgencia, no relacionadas con la covid-19.
No sirven las excusas de que con la pandemia hemos asistido a una situación excepcional que impedía atender debidamente a todas las necesidades de salud. Tampoco las promesas de que controlado el coronavirus los problemas se van a resolver. Para la mayoría de la población no hay duda de que son imprescindibles y urgentes mejoras de fondo, tales como: Recuperar la Atención Presencial, fundamental para las personas mayores. Más inversión para garantizar un servicio público, universal, gratuito, de calidad y con plantilla suficiente, tanto para los servicios sanitarios como sociosanitarios. Incrementar el 14% actual al 25% el presupuesto de la Atención Primaria para equipararla a los estándares europeos y poder así cumplir con los principios de promoción y prevención para lo que fue creada. Ampliar el número de rastreadores/as que permitan un mayor control y seguimiento de los contagios, sobre los cuales la propia Osakidetza reconoce el poco conocimiento existente y destinar los fondos europeos a políticas sociales que pongan a las personas en el centro y permitan entre otros unos sistemas públicos de salud y sociosanitarios fuertes y de calidad.
Esto es todo lo contrario a la política de subcontrataciones y privatizaciones que defiende e impulsa el Gobierno de Gasteiz, hegemonizado por el PNV. El movimiento de pensionistas vasco continuaremos sin descanso movilizándonos para exigir que se den soluciones a estos problemas. Y lo haremos, siempre que nos sea posible, apoyando las protestas y reivindicaciones de los sindicatos del sector, así como con las asociaciones de familiares de usuarios/as de residencias.
5.- Acuerdo entre el gobierno y los sindicatos CCOO y UGT sobre la subida del SMI
El jueves se cerró el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT sobre la subida del SMI, acuerdo que no ha sido suscrito por la patronal CEOE-Cepyme. Cabe pensar que, en los próximos días, el gobierno mediante decreto ley oficialice dicha subida. Para el gobierno este acuerdo supone un respiro, pues el que lo hayan aceptado los sindicatos CCOO y UGT le posibilita un cierto arrope social ante una subida tan pobre.
El incremento acordado es de 15 euros al mes, con lo que el SMI pasará a ser de 965 euros en 14 pagas. Pero sólo se aplicará desde el 1 de septiembre, con lo que no habrá retroactivo desde el 1 de enero del presente año. Por otro lado, sin más precisiones, el acuerdo recoge que en el año 2023 el SMI se situará en 1.049 euros que, según sus cálculos, se corresponderá con el 60% del salario medio a escala estatal.
Semanas atrás hemos venido denunciando que, al menos, para este año la subida prevista del SMI –ahora ya confirmada de 15 euros– no iba a recuperar ni siquiera el Incremento de los Precios al Consumo (IPC). En efecto, en la mejor de las hipótesis los “expertos” del gobierno consideran que a finales de año se situará en el 2,50%. Esto significaría una subida de 23,75 euros. Si a esto añadimos que no se aplique con carácter retroactivo al 1 de enero, es fácil deducir que un SMI –ya muy bajo– ni siquiera va a recuperar el porcentaje del IPC. Ciertamente, la aceptación de este acuerdo por los sindicatos CCOO y UGT resulta un tanto triste y preocupante.
El movimiento de pensionistas de Euskal Herria seguimos defendiendo y exigiendo un SMI de 1.200 euros. Con más razón aún en el país vasco, donde el coste de la vida es significativamente superior a la media del Estado y la aplicación del 60% del salario medio para el cálculo del SMI, establecido por la Carta Social Europea, supera ya los 1.200 euros. A los gobiernos de Gasteiz y de Iruñea les corresponde por responsabilidad y por posibilidades establecer esa cantidad para el SMI. Sin quitar ni mucho menos la responsabilidad principal al gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, que no nos vengan con la coartada o excusa de que no forma parte de sus competencias, pues para empezar saben muy bien que podrían aplicarlo ya en todos los servicios públicos de sus administraciones, incluidas las contratas que trabajan para ellas. Esta demanda la viene realizando, desde hace años, la mayoría sindical vasca.
