1.- La falta de personal y la elevada precariedad en todo el sector público, incluido Osakidetza, deteriora la calidad
La administración de la CAV es la que presenta las tasas más altas de temporalidad de la Unión Europea, situándose en el primer lugar en el ranking del Estado en cuanto a niveles de interinidad laboral. Según el instituto Nacional de Estadística (INE) la temporalidad alcanza al 39,1% del total de asalariados del sector público vasco. En Osakidetza aumenta hasta el 44%.
Una parte muy importante de los temporales son puestos estructurales camuflados a través de contratos de acumulación de tareas. Varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han dejado claro esta práctica abusiva del Gobierno Vasco que, según fuentes sindicales, afectaría a más de 7.000 personas en Osakidetza,
En Osakidetza la plantilla es insuficiente
La ratio enfermera/o por cada mil habitantes en la sanidad pública vasca es de 5,6 frente a la media estatal de 5,3 y la europea de 8. Una diferencia que, si tomáramos como referencia la ratio europea, reflejaría un déficit de 3.600 enfermeras/os en la CAV. En cuanto a los médicos/as, existe sobre todo un déficit en la Atención Primaria.
Otro tanto ocurre con el resto de categorías (auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos, celadores/as, operarios/as y oficiales de mantenimiento…). Y no digamos nada de los servicios de limpieza y otros, subcontratados por Osakidetza, con plantillas reducidas y malas condiciones laborales.
La pandemia no ha hecho más que acentuar los problemas
La escasez de personal y la alta temporalidad se ha visto duramente agravada por la pandemia. Los y las trabajadoras se sienten sobrepasados, estresados y con enormes dificultades para atender a las necesidades sanitarias derivadas no sólo del covid-19, sino de otras patologías, enfermedades y demás que necesitan atención, en muchos casos de urgencia.
El gobierno de Gasteiz y el departamento de salud tratan de justificar sus carencias por la excepcionalidad de la pandemia y se felicitan -cómo no- del comportamiento del personal sanitario. Pero las carencias vienen de atrás y demandan con urgencia incrementar del 14% al 25% el presupuesto de la Atención Primaria para equipararla a los estándares europeos. Al igual que hay que ampliar el número de rastreadores/as que permitan un mayor control y seguimiento de los contagios, sobre los cuales la propia Osakidetza reconoce el poco conocimiento existente.
En lugar de ofrecer soluciones a estos problemas, promoviendo OPEs donde se convoquen todas las vacantes para reducir la precariedad, ofrecer una contratación estable que elimine situaciones en las que una misma necesidad es cubierta con decenas de contratos y personas distintas y crear más empleo, Osakidetza recientemente ha vuelto a impulsar políticas de recortes como el cierre de la casi totalidad de los centros de salud a las 17:00 horas -incluso en algunos casos a las 15:00 horas- durante el verano en lugar de a las 20:00 horas como venía siendo habitual.
El precio de esta política sanitaria afecta negativamente al conjunto de la ciudadanía y en especial a las personas mayores que tienen más problemas médicos por su edad y necesidad de una atención presencial. En realidad, sólo buscan el ahorro económico y abrir las puertas a la avaricia y codicia de la sanidad privada.
2.- Otra de Osakidetza: dejar morir el Onkologikoa de Donostia y derivar los pacientes de cáncer a la privada
El Comité de Empresa de Onkologikoa, centro especializado en el tratamiento de cáncer de Gipuzkoa, señala que era un hospital que ofertaba 80 camas para estancia hospitalaria, pero a partir de 2019, coincidiendo con su vinculación a Osakidetza y en plena crisis de la Covid-19 se redujo a 25 camas. Y añade que cuenta con cuatro quirófanos inteligentes dotados con los equipos materiales “más avanzados del mercado”, pero que “alguno permanece cerrado y el resto presenta escasa actividad y está dirigido a cirugías menores”.
Denuncia que Osakidetza está propiciando la infrautilización de este centro especializado y puntero en el tratamiento del cáncer y añade que el Departamento de Salud del Gobierno de Lakua está derivando del Hospital público Donostia hacia la privada Policlínica tanto los pacientes oncológicos como los médicos especialistas que les tienen que atender.
Y recuerda que la Administración pone el dinero, planifica la actividad asistencial y ordena los recursos humanos de los centros asistenciales Onkologikoa y Hospital Donostia. En consecuencia, señalan que “dejar a la deriva” un centro como éste y enviar a pacientes a otro centro asistencial concertado -es decir, de gestión privada- sin ninguna justificación adicional, es una grave irresponsabilidad por parte de Osakidetza.
Los actuales gestores de Osakidetza no están interesados en mantener un centro de estas características dentro de la sanidad pública, porque la gestión de la salud, y dentro de ella el tratamiento de cánceres, en un próspero negocio que el capital quiere aprovechar y explotar al máximo. Las grandes plataformas de internet, la investigación biomédica, los seguros privados… todos pugnan por hacer dinero ofreciendo tratamientos médicos y para eso necesitan una sanidad pública deteriorada que sólo cubra los mínimos.
Una privatización cada día mayor en detrimento de una Osakidetza que ofrezca unos servicios públicos y de calidad a toda la ciudadanía, es la oferta del gobierno de Gasteiz, hegemonizado por el PNV, que dice defender los intereses de toda la ciudadanía vasca, en especial de los sectores sociales más vulnerables. Hay que ser sordo y ciego para creerlo.
3.- La dirección de Tubacex acentúa su chantaje para acabar con la huelga.
En una carta dirigida a toda la plantilla, la dirección de Tubacex les comunica que “en ningún caso” retirará los recursos planteados ante el Tribunal Supremo (TS) contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que declararon nulo el ERE aplicado en sus plantas de Laudio y Amurrio. Asimismo, una y otra vez viene declarando que, de continuar la huelga, el futuro de la empresa es muy incierto.
La dirección de la empresa se siente apoyada y arropada, sobre todo, por la gran patronal vasca. Esta viene haciendo bandera de que las resoluciones, entre otras, del TSJPV sobre ITP y Tubacex rechazando los despidos, ponen en peligro la productividad y futuro de las empresas, atando las manos a los empresarios para que no puedan tomar medidas, incluidos despidos masivos, para “salvar” a sus empresas. Se trata de una presión directa al TSJPV para que no rechace sus EREs y también al Tribunal Supremo para que sea éste en última instancia quién los apruebe.
Mientras tanto, el Gobierno de Gasteiz y su Consejería de Trabajo miran a otro lado o justifican a los empresarios, sin importarles los despidos y destrucción de cientos de puestos de trabajo, con una repercusión social enorme no sólo en las familias de las y los trabajadores despedidos, sino en las comarcas donde están ubicadas esas empresas, como son, en este caso, las comarcas de Aiaraldea y Ezkerraldea.
La dimensión social y política de los conflictos de ITP y, en especial, el de Tubacex, sobrepasa los límites de ambas empresas y de las comarcas en que se encuentran situadas. Así de claro lo ha planteado el sector hegemónico de la patronal vasca, contando con la inacción cuando no apoyo del Gobierno de Gasteiz. Responder a este reto significa ampliar de un modo responsable el apoyo solidario, sindical, social y de los partidos políticos de izquierdas en la Comunidad Autónoma Vasca. No hacerlo y permitir que la patronal y el Tribunal Supremo tumben el rechazo a estos EREs con despidos, va a allanar aún más el camino para ataques similares por parte de los empresarios, con la coartada de la pandemia o lo que les venga en gana.
4.- Los grandes bancos se forran, la economía se recupera… ¿y las pensiones y los salarios qué?
En el primer semestre de este año el BBVA ha ganado 1.911 millones de euros netos. Kutxabank 125,5 millones. Laboral Kutxa 51,8. Ibercaja 94,1, más del doble que el primer semestre del año pasado. Estos no son más que unos pocos ejemplos de los beneficios multimillonarios de la banca en el estado español.
Al mismo tiempo, varios bancos reducen decenas de miles de puestos de trabajo, con la consiguiente reducción de sus cotizaciones a la caja de la seguridad Social. No les importan las indemnizaciones a las trabajadoras y trabajadores que se van, pues para los bancos es una “inversión” que les va a producir a corto plazo grandes beneficios por la reducción enorme de sus gastos en plantillas, más explotadas y productivas con los nuevos y modernos medios técnicos de trabajo.
Por otro lado, estamos asistiendo a declaraciones de las organizaciones empresariales y los gobiernos tanto de Madrid como de Gasteiz e Iruña que la economía y el empleo se están recuperando de un modo acelerado. Pero ninguno de ellos habla de poner freno real a la precarización del empleo, de la mejora de los salarios, de tomar medidas eficaces para superar la brecha de género o de subir las pensiones. No tienen excusas para no tomar medidas de compensación o solución de estas necesidades tan perentorias. Sólo si protestamos y movilizamos con fuerza e insistencia atenderán a nuestras demandas y reivindicaciones, aunque las cosas les vayan bien.
5.- Cotas históricas de incrementos del precio de la electricidad
Da igual que sea invierno, primavera, verano y otoño, las facturas domésticas de la electricidad crecen sin cesar, en especial este año, que están alcanzando unos precios históricos desorbitados. En invierno nos subieron mucho porque hizo frío y consumimos mucha electricidad. Ahora, porque el aumento del coste del gas natural y las limitaciones de la producción eólica ha sido muy grande.
La propia Endesa, que ha tenido unos beneficios netos en el primer semestre de 832 millones de euros, prevé que el coste medio de la factura eléctrica de un hogar pasará a ser este año de 665 euros anuales frente a los 530 euros del 2020. Es decir, 135 euros más. Y esto lo dice Endesa, por lo que podemos esperar que esa diferencia sea aún mayor.
La rebaja del IVA del 21% al 10% no ha conseguido paliar, ni de lejos, el aumento del costo de las facturas. Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde al proyecto de ley para “minorar los beneficios de las eléctricas”. Veremos en qué queda esto. Estamos convencidos que mientras no se acabe con los monopolios eléctricos y se nacionalice este servicio como una necesidad o bien público esencial, seguiremos en las mismas.
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