La catástrofe sanitaria de los últimos meses provocada por el COVID 19 ha afectando con singular crudeza a las personas mayores, especialmente a las acogidas en residencias, y ha puesto en evidencia que la respuesta ha estado protagonizada por los servicios públicos de sanidad y cuidados, en donde son mayoría las mujeres, quedando desmentidos los mitos neoliberales de que la iniciativa privada es siempre más “eficiente” que lo público. En todos los sectores necesarios para el mantenimiento de la vida han estado en primera línea, a pesar de los riesgos, infinidad de personas cuyas profesiones han sido sometidas desde la última crisis a un proceso continuo de desvalorizacióon y precarización, desde el mismo personal sanitario, personal de limpieza en todos los sectores, trabajador@s de los supermercados, cuidadoras personales y a domicilio, algunas de ellas en situación de esclavitud y viviendo sin la menor situación de intimidad, debido a vivir en la misma habitación de la persona cuidada, jornaler@s inmigrantes del campo, etc.
Se ha extendido la percepción de que se hace necesario reforzar lo público si se pretende situar la vida de las personas en el centro, garantizar los derechos de las más vulnerables, la universalidad de los cuidados, que recaen principalmente sobre las mujeres y la dignificación del trabajo y del salario de quienes han demostrado ser imprescindibles para la supervivencia de la sociedad. Se hace necesario revertir los procesos de privatización de todo tipo de servicios sociales, educación, investigación, energético y otros llevados a cabo en las últimas décadas. Ha quedado en evidencia que dichas privatizaciones no conllevan una mejora del servicio sino que a la larga derivan en un aumento del gasto público en beneficio de empresas privadas y en una sangrante precarización del empleo y de los derechos de los/las trabajadores/as
A consecuencia de la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento va a sobrevenir indudablemente una grave recesión económica mundial, con especial dureza en el Estado Español, cuya economía ya soporta, incluso en condiciones de crecimiento, altas tasas de paro estructural. Como consecuencia del confinamiento el paro en el Estado Español ascendió a 3.89 millones de personas en abril, según el SEPE, otros 3 millones estaban acogidas a ERTES y un millón y medio de autónom@s recibían a ayudas de otro tipo. La CE estimaba en mayo que el PIB del Estado Español caerá un 9% en 2020 y que el paro alcanzará el 19%, recuperándose en menor medida que en otros países en 2021, con un paro estimado para ese año del 17%.
Aunque se han adoptado medidas positivas de ayuda a las personas y a los estados absolutamente vetadas durante la crisis de 2008, como el ingreso mínimo vital y la posible financiación directa a los estados por la CE, asoman progresivamente las recetas neoliberales, del tenor de la concesión de los créditos de ayuda a pequeñas empresas a través de la banca privada, las ayudas de 3.500 millones a la industria automovilística o la compra de 348 vehículos de combate blindados por valor de 2.100 millones de euros. Cualquiera de estos dos importes son superiores al plan de inversión en educación (2.000) millones o al presupuesto para el ingreso mínimo vital. También apuntan hacia la vuelta a la vieja normalidad neoliberal las opiniones de políticos y prensa que tachan a los funcionarios y a los pensionistas de privilegiados por tener asegurado su ingreso mensual, o el olvido paulatino en los medios de comunicación del papel jugado por lo público y las profesiones precarizadas durante el confinamiento en aras de una recuperación de las empresas.
Por ello, se hace necesario mantener en las calles y en la opinión pública las reivindicaciones largo tiempo mantenidas por el movimiento de pensionistas en defensa de un sistema público de pensiones dignas para todos, uniendo a las mismas las necesidades urgentes que esta crisis ha traído al primer plano:
1.1.Construir un sistema público universal de residencias y cuidados. Revertir las privatizaciones y crear una red pública de asistencia domiciliaria para las personas mayores. Condiciones dignas para los residentes, dotación de personal necesario y reforma de los ratios de atención. Condiciones de trabajo y salarios dignos para las trabajadoras, siendo necesario la valoración social y económica del trabajo de aquellas mujeres ( en su mayoría migrantes), regulandolo y reconociendo todos sus derechos como trabajadoras. Los servicios sociales no pueden ser objeto de negocio.
- 2.Fortalecimiento de la sanidad pública. Revertir los recortes en personal y camas llevados a cabo durante la crisis anterior. Mejora inmediata de la atención primaria atendiendo a las demandas y movilizaciones de los profesionales. Revisión y control de conciertos con la sanidad privada.
- 3.Por un sistema público de pensiones garantizado hoy y para el futuro. Esto hace necesario:
– garantizar su financiación mediante presupuestos generales cuando las cotizaciones no puedan cubrirlo.
– derogación de los aspectos regresivos de las reformas de 2011 y 2013, leyes diseñadas para reducir drásticamente la cobertura de las pensiones públicas en las próximas décadas. Esto implicaría la derogación del factor de sostenibilidad, la re-valorización anual en función del IPC, la vuelta a la edad de jubilación a los 65 años y la revisión de los aumentos del período de cálculo.
- 4.Garantizar una vida digna para tod@s l@s pensionistas: Pensión mínima de 1080 euros, para acercarnos a lo acordado en la Carta Social Europea.
- 5.Acabar con la brecha de género en salarios y pensiones, promulgando leyes de cumplimiento obligatorio que garanticen la igualdad, evitando que sea la mujer la que se vea obligada a solicitar las excedencias, ( casos de cuidado a familiares mayores y menores). Exigimos una verdadera conciliación.
- 6.Para consolidar lo público y enfrentar la deuda pública provocada por la crisis se hace necesario incrementar los ingresos del Estado, lo que hace imprescindible:
– la reforma profunda del sistema tributario. Es necesario un sistema fiscal más progresivo en el que los que más tienen paguen más. No es admisible que los asalariados, cuya participación en la renta no llega al 49%, paguen el 70% o más de los ingresos del Estado. En la CAV, en los últimos diez años la recaudación procedente de las rentas de trabajo se incrementó un 18% mientras que la contribución de las rentas empresariales, profesionales y de capital se redujeron un 38,3%. No se puede cargar otra vez la recaudación sobre las espaldas de los que menos tienen.
Debe incrementarse el tipo real del impuesto de sociedades, único que en 2019 recaudaba menos que en 2007, pese al aumento de los beneficios empresariales. Deben imponerse tasas al capital y a las operaciones financieras. Debe aumentarse la presión fiscal en el Estado Español, pues está 6 puntos por debajo de la media europea.
.- la lucha efectiva contra el fraude (se calcula que se defraudan 30.000 millones al año) y la evasión fiscal (se evalúa en 140.000 millones de euros el capital escondido en paraisos fiscales), contra la economía sumergida, que representa un 20% del PIB del Estado y la elusión fiscal.
