Informe y actuaciones realizadas por el MP de la CAV y Navarra respecto a los Servicios Sociales.

El objetivo de este informe es servir de instrumento para tener una visión amplia ante los retos que tenemos por delante en el sentido de evitar que lo que ha sucedido en los Servicios Sociales con motivo de la pandemia no se vuelva a producir y aportar propuestas para un cambio sustancial del actual modelo de atención a la dependencia

El informe que presentamos tiene cuatro partes.

1. Peticiones de información realizadas a las DDFF y Gobierno de la CAV y Navarra respecto al impacto del COVID19.
2. Información respecto a la situación del sector de asistencia social.
3. El problema de la privatización
4. Propuesta para el cambio.

1. Peticiones dirigidas a las Instituciones.

Las peticiones realizadas a las Instituciones tienen dos objetivos:

•   Tomar medidas urgentes para hacer frente a la pandemia.
•   Exigencia de información completa, veraz y objetiva para hacer un diagnóstico de la situación real del sistema de atención a la dependencia.
• Medidas urgentes; Nota de prensa hecha pública el Lunes 13 de Abril.
  Generalizar los test a la totalidad de los profesionales y residentes, para hacer una política eficaz de prevención y curación.
• Dotar a las trabajadoras y trabajadores de las residencias y de la ayuda a domicilio de los medios de prevención necesarios para evitar los contagios.
• Incrementar los ratios de personal y los servicios sanitarios en los Centros para la prevención y recuperación de las personas contagiadas.
• Aumentar las horas de atención de los Servicios de Ayuda Domiciliaria.
• Que ninguna persona muera porque las medidas de prevención y de curación existentes no lleguen a tiempo.
• Garantizar, en definitiva, la atención integral a la que tienen derecho todas las personas usuarias de dichos servicios sin restricción alguna.
• El jueves 21 de abril, se enviaron las cartas solicitando información precisa de los efectos de la pandemia en residentes, trabajadoras y trabajadores, centros y en la asistencia domiciliaria. Esperamos la respuesta.
• Los datos mas significativos respecto al impacto de la pandemia a 1 de mayo según datos del Ministerio de Sanidad son:

A nivel de Estado han fallecido 24.824 personas de las cuales 16.746 en las residencias. En Navarra; 458 fallecidas de las cuales 395 en residencias.
En la CAV; 1.312 personas fallecidas en total de las cuales 473 en residencias, y

Araba	Bizkaia	Gipuzkoa
136	177	160

Cuando se nos remitan las informaciones haremos una valoración adecuada de las mismas.

2. Breve análisis de los servicios de atención a la dependencia

Hacemos un resumen de dos informes: el informe publicado en 2019 por el Instituto de Informes Fiscales y el informe 2020 del Observatorio de la Dependencia.

2-1. Informe del Instituto de Informes fiscales

A finales del año 2019 el Instituto de Estudios Fiscales dependiente del Ministerio de Hacienda publicó un informe sobre la idoneidad del modelo sueco de atención a la dependencia y su posible aplicación en el Estado español.

En ese informe se dice entre otras cosas que:

En el Estado español las valoraciones a las personas solicitantes de los servicios de dependencia son cicateras y responden a baremos que se han ido restringiendo con la crisis.

El modelo español está volcado en prestaciones económicas para cuidados familiares, hoy son un tercio de los cuidados, aunque estaban concebidos en la Ley como excepcionales.

Los recursos destinados por el Estado para la dependencia alcanzan el 0,7% del PIB. En Suecia este porcentaje supone el 3,2%. Por lo que la diferencia recae en las familias, fundamentalmente en el trabajo de las mujeres, y mujeres precarizadas.

Plantear un Sistema Público Universal y Suficiente semejante al sueco requeriría incrementar en 7.200 millones de euros la actual financiación en dependencia, cifra que sin embargo queda sensiblemente reducida si tenemos en cuenta que de esa cuantía retornarían al Estado 5.000 millones de euros vía impuestos directos sin incluir impuestos indirectos.

De aplicar dicho modelo se pasaría de 894.274 personas dependientes a 1.591.995 y de aplicar los criterios de la UE (encuesta SHARE) se alcanzarían los 1.204.227. De 113.000 plazas públicas residenciales habría que pasar a 400.000.

Por cada millón de euros invertidos en servicios de calidad de atención a la dependencia se podrían crear 50 puestos de trabajo; unos 350.000 puestos de trabajo nuevos.

En el modelo sueco el único copago existente es el correspondiente al alojamiento y comida, en función de ingresos.

Los recortes del RDL 20/2012 no han sido derogados

Pero como decimos el modelo del Estado no es el modelo sueco; un modelo referente para la reivindicación recogida en la tabla reivindicativa del MPB. “Desarrollo de una red de servicios Socio Sanitarios Públicos Universales financiada por los presupuestos públicos.”

Respecto al modelo español tenemos que denunciar que ni siquiera se cumplen aspectos básicos de la Ley de dependencia y que en los últimos años a partir de 2012 se han producido múltiples recortes que pagamos las personas dependientes y el entorno familiar.

Los recortes de las sucesivas reformas se pueden resumir en:

•   Ampliación del plazo para resolver los expedientes
•   Posponer el derecho a la prestación hasta la resolución que reconoce la cuantía de la misma
•   Eliminación de los efectos retroactivos
•   Abrir para todos los grados la Prestación Económica Vinculada al Servicio como alternativa a la prestación del servicio, de menor coste para la administración pero de peor servicio para las personas usuarias.
•   Reducción del 15% del importe de las prestaciones
•   Disminución de las intensidades horarias
•   Suspensión de los conciertos con las CCAA. Como consecuencia, desde 2012 al 2018 se han acumulado recortes presupuestarios para la dependencia por valor de 5.406 millones de euros.
• Por cada millón de euros que dedica el Estado a dependencia, las CCAA están dedicando 4 millones, produciéndose un deterioro progresivo de las prestaciones, los servicios y las condiciones de trabajo, debido al déficit financiero que aplica el Estado, incumpliendo lo que indica la propia Ley de Dependencia.
• El 19,2% de las personas dependientes no reciben prestación teniendo derecho. 250.000 personas con una dependencia reconocida siguen sin ser atendidas, siendo especialmente sangrante en los grados dos y tres. 30.000 personas morirán a lo largo de 2019 sin acceder a la prestación, aunque tienen derecho reconocido a la misma.
• 2-2. Informe 2020 del Observatorio de la Dependencia
• La situación en el Estado en 20 CLAVES

1. A fecha 31 de octubre de 2018 había en el Estado 1.292.296 personas en situación de dependencia reconocida y otras 131.270 estaban pendientes de valoración.
2. De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres (65%) y un tercio (35%) son hombres. El 72,6% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 son el 54,2% del total.
3. Durante 2019, por primera vez desde 2016, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha vuelto a aumentar. El saldo del 2019 presenta 20.000 personas más en la lista de espera, que ya alcanzando 266.000, lo que supone el 19,2% de las personas con derecho a prestación.
4. A ellos hay que añadir 160.000 expedientes -personas- que están pendientes de valoración. Son 30.000 más que hace un año, con lo cual la desatención (pendientes de valorar + limbo) alcanza a 426.000 personas (50.000 más que a final de 2018).
5. El tiempo medio de tramitación de un expediente es de 426 días, aunque en cuatro comunidades se superan los 18 meses (Canarias, Extremadura, Andalucía y Cataluña). Sólo cuatro territorios están por debajo o cercanos a los seis meses que establece la Ley como plazo para esta tramitación: las ciudades de Ceuta y Melilla, País Vasco, Navarra y Castilla y León.
6. Durante 2019 fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia 31.000 personas. Esto supone que diariamente fallecen más de 85 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios.
7. El 42% de las personas desatendidas (113.275, 15.000 más que el año anterior), son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.
8. El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende ya a 5.864 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.
9. La disminución de la financiación a las Comunidades desde julio de 2012 hasta diciembre de 2018 (reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado), supone ya una cifra acumulada de 3.612 millones de euros de quebranto para las arcas autonómicas.
10. La reducción acumulada de las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares desde 2012 asciende a 1.905 millones de euros dirigidos a ayudas económicas que dichas familias han dejado de percibir.
11. Los recortes supusieron una fase de la parálisis y retroceso generalizado del Sistema en el intervalo junio 2012- junio 2015 (fase de demolición del SAAD). Desde junio de 2015 el Sistema inicia una recuperación que parece consolidarse en 2018. Esta recuperación es a costa de las comunidades autónomas y de los copagos familiares. En 2019 se inicia una nueva fase de ralentización del Sistema.
12. El coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2019 asciende a 8.891 millones de euros, de los que las administraciones públicas aportaron 7.050 millones. El resto (1.840 millones) lo aportan los usuarios en forma de copago regulado (20,7%).
13. Los costes de oportunidad por no haber mantenido la ya parca financiación Estatal inicial entre 2012 y 2019 se cifran en una pérdida acumulada de 1.415 millones de euros en recaudación directas por cuotas a la Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades y haber desperdiciado la oportunidad de generar y mantener durante siete años 30.000 puestos de trabajo netos y anclados al territorio. Todo ello sin contar con los retornos inducidos desperdiciados.

14. Existe un “copago añadido” soportado por muchos ciudadanos que deben asumir la diferencia entre la cuantía percibida y el coste real de los servicios adquiridos mediante prestación vinculada al servicio.
15. Del gasto público directo en dependencia en 2019, la Administración General del Estado soportó el 20% y las comunidades autónomas el 80% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50% que marca la Ley. A fecha 31 de diciembre de 2019 había en el Estado 1.385.037 personas en situación de dependencia reconocida y otras 159.193 pendientes de valoración.
16. Se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión.
17. El Gobierno sigue incumpliendo la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, imposibilitando que los asuntos judicializados en materia de dependencia pasen al orden de lo Social. Las personas dependientes y sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en la jurisdicción contencioso- administrativa siguiendo procesos lentos, costosos, farragosos y nada garantistas.
18. Sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre elección y aunque las cuidadoras familiares hayan recuperado el derecho a las cotizaciones a la Seguridad Social, a final de año tan solo 55.051 (13%) cotizan desde el convenio especial (el 90% son mujeres y un 60% menores de 55 años).
19. Con todo, el SAAD muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos. En 2019, hay una ratio de 37 empleos directos por millón de euros de gasto público, y la tasa de retorno ya asciende al 40%.
20. Con una inversión equivalente a la dispuesta en el último proyecto de PGE (415 millones de euros) aplicada íntegramente al nivel mínimo de financiación, se atendería a 68.000 dependientes más y se crearían ex-novo casi 20.000 puestos de trabajo.

NAVARRA.

• El Sistema de Dependencia en la Comunidad Foral de NAVARRA se ha estancado en el pasado año 2019. Las 133 nuevas personas atendidas en toda la CF apenas supone 0.97%. El resto de parámetros del Sistema: solicitudes (0.2%), valoraciones (-4,72%) o personas con derecho (-3,2) no hacen sino corroborar la parálisis del Sistema o en su caso la involución producida en el mismo.

• El saldo de las atenciones realizadas durante el ejercicio 2019 (49 prestaciones, frente a las 2.188 del ejercicio anterior) refleja claramente la situación de estancamiento, en la que a lo máximo que se ha llegado ha sido compensar económicamente el alta de 772 PEVS (Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio de Residencias), con la baja de -567 PECEF (Prestaciones Económicas para Cuidados en el Entorno Familiar).

• En cuanto a su cartera de servicios, la COMUNIDAD FORAL no hace sino apostar por un servicio Low Cost como las (PECEF) que representa ya el 52.4% de su cartera de servicios, la segunda má salta de todo el Estado.

• Es preocupante que en el último año la perdida de expedientes valorados como grado III han descendido en un 12%.

• A pesar de todo, el Sistema ha sido capaz de generar 235 nuevos empleos, y ya cuenta con 2.165 en la C.F. No obstante, cuenta con una de las tasas de generación de empleo más bajas del Estado, con 24,9 empleos por millón, muy lejos de los 37,3 empleos/millón de media en el resto del Estado.

• El importe del Sistema en la Comunidad Foral asciende ya a 100 Mill€, de los cuales Navarra aporta 72 Mill (lo que representa el 72% del Gasto Público) y la AGE 14.6 Mill (el 17% del Gasto Público).

• En 2019 la Comunidad ha dejado de percibir del Estado 1,8 Mill € como consecuencia de los recortes contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 330 nuevos dependientes, y se hubiesen podido crear 46 nuevos empleos en la COMUNIDAD FORAL.

El promedio de Gasto por dependiente en NAVARRA es un 16% inferior a la media del Estado, como consecuencia del peso en su cartera de servicios con costes bajos (low cost) tales como las PECEF, las cuales representan ya el 52% de su cartera de servicios. Por su parte, el promedio de gasto por habitante es igualmente inferior en un 23.33% respecto a la media estatal, con igual justificación que el coste por dependiente.

A pesar de todo, el aumento de los 772 casos de PEVS hace que el Sistema haya generado 235 empleos un 12.18% respecto al ejercicio anterior.

No obstante NAVARRA cuenta con una de las tasas de generación de empleo más bajas, con 24,9 empleos por millón, muy lejos de los 37,3 empleos/millón de media en el resto del Estado. El uso abusivo de las PECEF y demás servicios Low Cost son la causa de tan bajo nivel de empleo. La Comunidad Foral hallaría un enorme potencial de mejora revertiendo la tendencia alcista de las PECEF de los últimos años en favor de prestaciones altamente generadoras de empleo como la Ayuda a Domicilio (5,6% sobre el total) y que cuenta con un claro potencial de mejora respecto a la media Estatal (17,74%)

CAV

• El Sistema de Dependencia de PAIS VASCO sigue creciendo desde hace tres años a la mitad del ritmo en que lo hacen el resto de CCAA del Estado. Las 2.045 nuevas personas dependientes atendidas suponen un crecimiento interanual del 3,15%, frente al 6,38% producido en el conjunto de CCAA del Estado. Y lo mismo sucede con los principales indicadores del Sistema.

• El saldo de las nuevas atenciones fue un 25% inferior a las realizadas en 2018. Además, el 86% de las mismas (5.635) se concentró en prestaciones de bajo coste (Low Cost) tales como Teleasistencia (2.831) y PECEF (2.009); mientras que el resto de prestaciones del catálogo se cerró con valores próximos a una mera tasa de reposición y alguno de ellos como la Ayuda a Domicilio con valores negativos (-218).

• El Sistema generó en el PAIS VASCO 522 nuevos empleos, alcanzando con ellos la cifra global de 17.604 empleos anuales. No obstante, el ritmo de creación de empleo en el PAIS VASCO no acaba de desplegar todo su potencial. Dispone de un alto margen de mejora si consigue reconducir su tasa de PECEF (39,7%), y aplicarla a servicios generadores de empleo, tales como la Ayuda a Domicilio que apenas representa un (7,6%) de su cartera de servicios, mientras que en el conjunto de CCAA se eleva ya al (17,40%).

• La inversión del Sistema de la Dependencia se eleva ya a 656 Mill € en el territorio, en los que el PAIS VASCO aporta 474 Mill de €, lo que viene a representar el 86% del Gasto Público, y la AGE 74 Mill €, un 14% del Gasto Público Total.

Sólo en el pasado año 2019 la C. DE PAIS VASCO ha dejado de percibir del Estado 9,4 Mill € como consecuencia de los recortes contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 1.298 nuevos dependientes, y se hubiesen podido crear 303 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma.

Además, de haberse aprobado el incremento los 459 Mill del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto de Estado por la Dependencia la CA recibiría 24 Mill para reforzar el Sistema, y con ese dinero se podrían atender 3.300 nuevos dependientes y generarse 771 nuevos empleos en la CA.

El promedio de Gasto por dependiente atendido en el PAIS VASCO es un 12,8% superior a la media Estatal, en cambio el Promedio de Gasto por habitante es sensiblemente mayor en un 44.67% con 217 €/habitante. Su tasa de cobertura, está por encima de la media estatal; sin embargo el gasto conjunto destinado a la dependencia en la CAV (Estado mas CAV) no alcanza la media europea del 2% del PIB y se queda muy lejos del modelo que planteamos del 3,2% del PIB

El Sistema de Dependencia generó en el PAIS VASCO 522 nuevos empleos, alcanzando con ellos la cifra de 17.604 empleos anuales generados. No obstante, el ritmo de creación de empleo en el PAIS VASCO no acaba de desplegar todo su potencial. En los últimos tres años el empleo ha crecido un 13,8%, mientras que en el conjunto de CCAA lo ha hecho en un 20.45%. A ello ha contribuido su menor tasa de empleo por millón (32 empleos/millón) ligeramente inferior a la media estatal de 37,3 empleos por millón, disponiendo de un alto margen de mejora si consigue reconducir su tasa de PECEF (39,7%) y aplicarla a servicios altamente generadores de empleo tales como la Ayuda a Domicilio (7,6%) mientras que en el conjunto de CCAA representa ya el 17,40%.

3. La privatización de los servicios de atención a la dependencia

Estado.

El 74,4% de las residencias de personas mayores, según la Asociación de Directoras y Gerentes de servicios sociales, está en manos privadas. Del total de las 381.158 plazas existentes a nivel estatal, 227.819, el 59,8% son de financiación pública y el 40,2% privada y concertada. De las residencias privadas, el 37,4% son privadas concertadas y el 65,3% privadas. La facturación de las empresas privadas en las residencias del Estado, fue en 2018 de 4.500 millones de euros.

CAV y Navarra

En la CAV el porcentaje de residencias en manos privadas asciende al 75% y en Navarra es del 57%.

Un ejemplo avanzado de las estrategias privatizadoras está en Bizkaia donde la iniciativa privada se ha hecho con el sector; el número de plazas públicas no llega al millar de las 10.748 disponibles.

Detrás del concepto de iniciativa privada existe en realidad un oligopolio de multinacionales que mediante fusiones y actuaciones de compra venta de los fondos de inversión se están haciendo con un porcentaje cada vez mas alto de los servicios residenciales y a atención domiciliaria.

A este incremento de la penetración privada en el sector no son ajenas las prácticas de puertas giratorias conocidas en la actuación de algunos políticos.

Quien es quien en el sector privado.

Entre 2014 y 2017 DomusVi, la 1a corporación privada en el Estado y 3a en Europa ha incrementado sus beneficios, antes de impuestos, un 160%, tal como consta en su información pública, principalmente por las inversiones en residencias del estado español.

Esta empresa controla 140 residencias en el Estado y 20.000 camas.

Le siguen en el:

PUESTO	EMPRESA	RESIDENCIAS	CAMAS
2ª 3ª 4ª	ORPEA AMAVIR VITALIA	50 43 40	8000 8000 6000

En Araba, las 3.072 plazas privadas se las reparten entre: Caser, DomusVi, Colisée-La Saleta, Sanitas, IMQ Igurko.

En Bizkaia, las cerca de 10.000 plazas privadas se las reparten; Gesca (Igurko, Urgatzi); Lares, ligada a la Iglesia; Elbe (DomusBi…) y recién llegados como Caser, Bellesol, Care… ( El Correo de 19-04-2020)

Como se puede comprobar Fondos de inversión y corporaciones trasnacionales han encontrado en la atención a la dependencia de las personas mayores una formidable fuente de negocio.

El entramado institucional de estas empresas es complejo; los cambios y fusiones se producen con frecuencia y muchas de ellas eluden el pago de impuestos, por ejemplo, el Impuesto de Sociedades, bajo la figura de Socimi. (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria)

No es extraño que hayan acudido como las moscas a la miel incentivados por las subvenciones y exenciones fiscales públicas, la permisiva e ineficaz inspección pública de las residencias, las condiciones de trabajo, ratios, salarios y calidad asistencial de los centros y servicios privados.

El beneficio empresarial se obtiene de la financiación pública, la calidad de los servicios, las condiciones de trabajo y el copago de las personas asistidas. En el sector público el coste a cargo de los usuarios del servicio residencial es del 80% de la pensión en el sector privado el coste se duplica o triplica. Mientras en el sector público el coste de personal representa entre el 70% y 80%, en el sector privado alcanza el 50%.

Conclusiones.

•   El recorte acumulado desde 2012 de la AGE (Administración General del Estado) en dependencia es de 5.406 millones de euros. Del total de gasto directo anual (8.250 millones), el copago supone ya un 20,6%, el gasto de las Comunidades Autónomas un 63,2% y la aportación Estatal se reduce a un ridículo 16,1%.
•   Si se atendiera ya a las 270.000 personas en espera –simplemente cumpliendo con la Ley- se generarían más de 75.000 empleos directos que añadir a los 220.000 actuales ligados al SAAD, acercándonos de este modo a la cifra de los 300.000 empleos pronosticada en el Libro Blanco de la Dependencia.
•   Los recortes desde el 2012 no se han recuperado, lo cual ha generado carencias significativas en la calidad de los servicios y en las condiciones de trabajo, ratios, jornadas, salarios… que están quedando al descubierto en la actual crisis sanitaria.
•   La inversión en servicios de atención a la dependencia en el conjunto de las administraciones se mantiene por debajo de la media europea y en el caso de Navarra y la CAV muy por debajo de países con similar renta per cápita a la nuestra.
•   La cartera de servicios se centra en servicios de bajo coste y reduce servicios fundamentales como la atención domiciliaria y residencial que quedan en cada vez mayor proporción en manos privadas.
•   El volumen de las Residencias de personas mayores, sobre todos de las públicas o concertadas, tiende a la masificación, se convierte en ambiente masificado y deshumanizado, se han construido con criterio de ahorro de recursos, no de prestación de servicio de calidad.
•   A día de hoy no se cumplen los servicios mínimos planteados en el Plan Estratégico de la CAV. Ante la exigencia por parte de representantes públicos en la Diputación reclamando dicho cumplimiento, la respuesta es que “dicho Plan es orientativo”
•   Se invierte poco y no se cubren las necesidades de las personas mayores. En la CAV hay 19.900 plazas residenciales, 4,1 plazas por 100 personas mayores de 65 años; la OMS fija un ratio de 5 plazas por 100 personas mayores de 65 años. Y esto supondría crear 4.300 plazas residenciales más en la CAV y 1000 mas en Navarra.
•   Se invierte mal porque el porcentaje de penetración de la iniciativa privada multinacional en el sistema de atención a la dependencia es cada vez mas significativa y encarece los servicios, empeora ratios y condiciones de trabajo y merma su calidad.

4. Hay que tomar decisiones de inmediato para mejorar sustancialmente los servicios de atención a la dependencia y evitar que lo sucedido con la gestión de la pandemia, vuelva a repetirse.

Esta pandemia ha dejado al descubierto las deficiencias de un modelo asistencial que hay que cambiar y por ello demandamos medidas urgentes que deberán ser consideradas por los agentes sociales y políticos implicados.

Somos personas mayores y somos en primer lugar personas; personas con plenos derechos que tenemos necesidades propias; personas que disponemos, tras la jubilación, de nuevas posibilidades para desarrollar un compromiso vital individual y colectivo.

Los servicios de atención a la dependencia deben ser instrumentos para que podamos acceder a unas condiciones de vida dignas y deben posibilitar nuestra integración social, nuestra implicación en el tejido social. No son almacenes transitorios, alejados de nuestro entorno, en espera de la hora final.

Por ello demandamos:

•   Reafirmar el derecho a un envejecimiento activo y autónomo que supere el concepto asistencialista y reduccionista de la atención a la Dependencia.
•   El objetivo debe ser el reconocimiento del derecho de las personas a tomar libremente decisiones propias orientadas a la construcción de su plan de vida con la mayor autonomía en cada etapa de la vejez.
•   Facilitar a las personas mayores el acceso a la información que les permita la toma de decisiones propias; crear unidades integradas y accesibles de información, orientación y tramitación del acceso a los diferentes servicios, que faciliten a las personas las gestiones administrativas para el reconocimiento y la asignación de prestaciones y servicios.
•   Para ello son necesarios servicios sociales integrales, flexibles en función de las necesidades propias, accesibles a todas la personas, que nos mantengan en relación con nuestro entorno habitual, que fomenten nuestras capacidades y autonomía.
•   Servicios descentralizados, de cercanía, de carácter local y comarcal que compatibilicen la cartera de servicios, ayuda domiciliaria, residencias, prestaciones, con flexibilidad y preservando nuestro vínculo familiar y comunitario.
•   Los Centros residenciales que se oferten estarán ubicados en el entorno mas próximo al domicilio habitual de la persona dependiente o al entorno que designe la persona dependiente o en su caso, quien tenga su tutela. Se evitara en todo caso la masificación de las residencias, proponiendo como capacidad de acogida un máximo de 40 personas.
•   Nadie deberá hacer negocio con nuestra salud y nuestras vidas, por ello, reclamamos desarrollar de manera prioritaria una red de servicios Socio Sanitarios Universales y Públicos, integrados en Osakidetza y Osasunbidea y sustitutivos de la iniciativa privada.

•   Impulsar un modelo comunitario, participativo y de gestión pública de cercanía,. Organizar con carácter de urgencia la participación de la comunidad y de las personas usuarias en la evaluación del sistema de atención a la dependencia y en la planificación de los servicios.
•   Intervenir el sector privado de la atención a la dependencia para garantizar, al menos, la equiparación con el sector público en la calidad e integralidad de los servicios, los ratios de personal, las condiciones de trabajo y el coste para las personas asistidas.
•   La atención en Centro o Residencia de mayores se retrasará al máximo posible mientras la persona mantenga un grado de autonomía, debiendo ser atendida en su domicilio hasta que su situación haga inviable la estancia en el mismo. Una vez ingresada podrá alternar con cierta flexibilidad la Residencia con el poder pasar algún tiempo en el domicilio de algún familiar de forma ocasional.
•   Establecer un protocolo de actuación para emergencias similares a la provocada por el COVID19.
•   Derogar los recortes del RDL 20/2012 y revertir los recortes que se han producido en el conjunto del sistema, como la Ley 16/2012 del copago sanitario.
•   Incrementar la financiación necesaria para garantizar los derechos de las personas asistidas con prestaciones suficientes, plazas residenciales y de ayuda domiciliaria en función de la demanda real, ratios de personal y camas en sintonía con parámetros de la OMS, incrementar las prestaciones de los actuales niveles de dependencia… y en la CAV y Navarra alcanzar en porcentaje del PIB la inversión media de los países de similar renta per cápita a la nuestra.
•   Hacer efectivas las demandas que planteamos con una Ley de la CAV y Navarra que lo garantice.