Divulgamos estas noticias del movimiento pensionista por su interés
1.- Nutrida manifestación pensionista comarcal de Margen Izquierda y Zona Minera
El lunes 800 pensionistas de Margen Izquierda y Zona Minera realizaron una manifestación comarcal en Portugalete. Arrancó de la Plaza San Roque para recorrer, encabezada por un grupo de txistularis, las calles de la villa en dos columnas que se juntaron en el Cruce de las Maderas con Carlos VII. Desde allí todos los y las pensionistas juntos y juntas continuaron por el recorrido previsto hasta volver al mismo cruce del encuentro.
La manifestación estuvo muy animada y fue muy aplaudida por las personas que encontraba a su paso. Con las fuerzas renovadas tras el ayuno encierro y la manifestación del día 18 en Bilbao, denunciaron los recortes y las trampas contenidas en el acuerdo de la segunda parte de la reforma de las pensiones y exigieron pensiones públicas justas y dignas para todos y todas. El tono de la protesta creció al reclamar con fuerza la urgencia de una pensión mínima de 1.080 euros. La denuncia de los precios abusivos y el llamamiento a participar en la manifestación del 22 de abril en defensa de una sanidad pública y de calidad, también, formaron parte de sus demandas.
El acto final fue bonito y diferente al realizar un círculo humano que cortó el tráfico de varias arterias principales del pueblo. Tras la lectura del comunicado realizaron la ya clásica pañolada dando colorido al momento con sus pañuelos rojos al viento. Una manifestación que dejó a todos y a todas con un buen sabor de boca y con fuerzas renovadas para continuar en la lucha contra los recortes que tenemos por delante.
2.- Rueda de prensa pensionista ante el Parlamento de Gasteiz criticando la nueva RGI
Ante la entrada en vigor el miércoles de la nueva RGI, representantes del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria llevaron a cabo el lunes ante el Parlamento de Gasteiz una concurrida rueda de prensa. En ella explicaron los motivos de nuestras críticas ante la nueva Ley de RGI, que ya se recogieron en un documento presentado el lunes en las concentraciones pensionistas de las cuatro capitales y en 75 pueblos de Hego Euskal Herria. En dicho documento se alertaba de que la nueva RGI supone un retroceso en comparación con la Ley de 2008 y que penaliza especialmente a las mujeres pensionistas con pensiones bajas o muy bajas. A continuación, se llevó a cabo una manifestación que reunió a unos 300 pensionistas de Gasteiz.
Y el miércoles se llevó a cabo otra concentración criticando también la nueva RGI convocada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. En esta protesta se denunció la introducción de nuevas medidas de control sobre las personas perceptoras, que serán controladas en sus propias casas por un cuerpo de 25 inspectores e inspectoras. Asimismo, se denunció que con esta nueva RGI, al igual que con la anterior, no se acabará con la pobreza.
3.- Acuerdo parlamentario para impulsar un salario mínimo en la CAV
El jueves día 23, PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU apoyaron en el Parlamento de Gazteiz instar al Gobierno de Lakua a impulsar “desde el respeto a la autonomía de los agentes sociales”, un Acuerdo Interprofesional que “recoja un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponda con la realidad socioeconómica de la CAV”. De acuerdo a las recomendaciones de la Carta Social Europa, en la actualidad se situaría en 1.400 euros. Y aplicando los criterios correspondientes para la aplicación a la pensión mínima ésta debería situarse en 1.260 euros en la CAV.
Se trata, sin duda, de una noticia de interés, que cuenta con el respaldo político de la gran mayoría del Parlamento de Gasteiz. El problema radica ahora en el compromiso real de todos los partidos políticos que han apoyado esa propuesta para llevarla adelante.
La patronal, encabezada por Confebask, ya se ha manifestado radicalmente en contra de esa propuesta. Y una propuesta de Acuerdo Interprofesional sin su aprobación queda en agua de borrajas. ¿Están dispuestos todos los partidos firmantes, sobre todo el PNV y PSE, que forman parte del Gobierno de Lakua, a presionar seriamente a la patronal para que acceda a ese acuerdo interprofesional estableciendo un salario mínimo de 1.400 euros?
Tenemos muy poca ‒o nula‒ confianza en que lo hagan. Por otro lado, todos los sindicatos están de acuerdo en exigir y defender un salario mínimo de 1.400 euros en la CAV. Pero a la nadie se le escapa que, sin una fuerte presión sindical, sustentada en la movilización de los trabajadores y trabajadoras, Confebask, que dirige y representa a la mayoría de la patronal de la CAV, sobre todo a sus sectores más fuertes y potentes, va a acceder a esa propuesta.
Cuentan con al aval político del Parlamento, pero sin esa fuerte presión social masiva y unitaria esa propuesta puede devenir en papel mojado. Si todos los sindicatos están de acuerdo en defenderla consecuentemente, no debería haber problemas para exigirla conjuntamente en los centros de trabajo y en la calle.
El PNV y el PSE, que forman parte del Gobierno de Gasteiz, si fueran coherentes con lo que han votado, deberían dar ejemplo allí donde ellos si pueden exigir e imponer el reconocimiento de un salario mínimo de 1.400 euros. Por ejemplo, exigiendo que en los contratos que llevan a cabo con las contratas y subcontratas que trabajan para el sector público, se establezca y se cumpla la aplicación de ese salario mínimo. Esto pueden hacerlo sin ningún límite legal, es decir que no vale la excusa de la falta de competencias para no poder llevarlo a cabo. De igual modo que, si tuvieran voluntad política, podrían complementar las pensiones mínimas hasta 1.080 euros, cantidad mucho menor de la que se derivaría de aplicar el 90% de un salario mínimo de 1.400 euros.
4.- Vaciar la sanidad pública, engordar las mutuas
Hace unos días se ha hecho pública la denuncia del borrador de un documento que había remitido hace ya algún tiempo el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, a los gobiernos de las Comunidades Autonómicas para que los servicios sanitarios públicos cedan a las mutuas la atención de las enfermedades comunes de los trabajadoras/as. El gobierno de Navarra acaba de manifestar que rechaza esa propuesta, pero el de la CAV aún no ha dicho nada al respecto.
Algunas empresas tienen ya desde hace años concertadas con mutuas tanto la atención y bajas por causas laborales como por con contingencias (enfermedades) comunes. Pero la asunción de esa propuesta por la consejería de salud de cualquier autonomía, generalizando el que las mutuas puedan gestionar las enfermedades comunes y acordar la incapacidad temporal por estas causas (las bajas) sería algo muy grave, pues supondría vaciar un servicio básico de la sanidad pública para transferirla al sistema privado.
Formalmente, las mutuas están catalogadas como asociaciones sin ánimo de lucro que, en caso de conseguir beneficios, deberían revertir ese dinero a la Seguridad Social. Pero no están obligadas a hacerlo si lo “reinvierten”. Solo que no lo hacen casi nunca en la mejora de los servicios sanitarios, simplemente se dedican a acumular sus beneficios en grandes patrimonios privados y sus directivos cuentan con uno sueldazos de más de 200.000 euros anuales, además de otras prebendas.
En definitiva, las mutuas son asociaciones patronales que prestan un gran servicio a las empresas para quienes trabajan. Con los accidentes y bajas laborales su función no es otra que acelerar la vuelta al trabajo de los trabajadores y trabajadoras, en muchas ocasiones sin que estén recuperados/as de sus dolencias. Es más, tratan siempre de ocultar determinadas enfermedades profesionales, es decir derivadas del lugar del puesto de trabajo ‒por ejemplo, todas las relativas a la exposición al amianto‒ y de desviarlas como enfermedades comunes a la sanidad pública.
Poner en manos de las mutuas la atención y las bajas y altas por enfermedad común es muy grave. Los límites de 5 días para que los médicos de la sanidad pública puedan decidir si una baja por enfermedad común se prolonga por más tiempo que el establecido por la mutua, hacen que se conviertan en una medida preventiva poco eficaz. Además, se suelen sentir muy presionados por las mutuas para que no intervengan en sus actuaciones. Por otro lado, se permite a las mutuas que en la atención y tratamiento de la enfermedad común los pacientes puedan ser derivadas a servicios médicos privados. El negocio es redondo: por un lado, los empresarios pueden contar con la mano de obra lo antes posible, aunque no estén recuperados del todo, tanto de trabajadores/as afectadas por bajas laborales o por enfermedad común; por otro, las altas tarifas concertadas y cobradas a la seguridad social por los servicios prestados les posibilitan unos jugosos beneficios.
Los efectos sociales ‒pérdida de la calidad de la atención sanitaria‒ y económicos de esta privatización son muy graves. Vacían de la atención pública sanitaria por enfermedad común a todos los y las trabajadoras en activo, dejando solo a ésta para la población “inactiva”, y privatizan la sanidad para beneficio de las mutuas patronales y de los servicios sanitarios privados. No solo hay que rechazar esa mutualización de la enfermedad común, sino que las empresas no deberían concertar con las mutuas las enfermedades profesionales, pues podrían ser mejor atendidas por los servicios de la sanidad pública. Las instituciones autonómicas de la CAV y de Nafarroa deben rechazar de plano esa propuesta e invertir por el contrario mayores esfuerzos en mejorar la calidad pública de Osakidetza y Osasunbidea.
5.- Plan del gobierno de Gasteiz para primar fiscalmente las EPSV
El Gobierno de Lakua pretende ampliar las EPSVs primando fiscalmente a éstas. Su idea es que tras la conformación de las nuevas Diputaciones y Haciendas Forales después de las próximas elecciones se premien los planes de pensiones de empresa.
Su proyecto no es promover y favorecer los ingresos a la caja de la seguridad social que permitan y garanticen unas pensiones públicas y dignas para todos y todas. No es casual, que, entre otras razones, el partido hegemónico del gobierno de Gasteiz, el PNV, haya puesto algunas pegas al acuerdo sobre la segunda parte de la reforma de las pensiones debido al modesto aumento de las cotizaciones de los empresarios, el de los trabajadores/as le importa menos.
Agita una y otra vez con que el mantenimiento de la caja de la seguridad social no está garantizado y que las pensiones públicas del futuro van a ser bajas. Y en lugar de promover de defender y promover medidas para que los empresarios coticen más, se destopen las cotizaciones más altas en función de los ingresos y los empleos sean de más calidad y los salarios más altos, con los que los ingresos por cotizaciones serían más elevados, se remite a estimular con dinero público al personal, para quienes puedan se apunten a las EPSVs.
Para mimar las mismas, pretende apoyarlas y promocionarlas primándolas fiscalmente. Es algo perverso, pues con ayudas fiscales detraídas de los impuestos aportados por el conjunto de la sociedad quiere impulsar las EPSVs, dejando fuera de poder disponer de unas pensiones mínimas dignas a un amplio sector de trabajadores y trabajadoras, en especial a los más vulnerables que trabajan en sectores débiles económicamente y con salarios bajos o muy bajos. El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria hemos manifestado ya en repetidas ocasiones nuestro rechazo a los planes privados de pensiones de empleo y más aún de que sean favorecidos fiscalmente. Por otro lado, todos/as somos conocedores de que los fondos privados de pensiones son muy jugosos para los fondos financieros, que juegan con ellos para obtener altos beneficios, muchas veces especulando y conduciendo a éstos a la quiebra.
6.- El planeta se calienta
El Panel Intergubernamental sobre el cambio climático en la ONU acaba de hacer público un informe en el que advierte crudamente que, si no se toma la senda de la descarbonización, si no se toman medidas inmediatas en la descarbonización de la producción, del transporte, etc., podría aumentar la temperatura de la Tierra en dos grados antes del final de este siglo. Desde hace tiempo vienen advirtiendo que la sucesión de las sequías, olas de calor, inundaciones… no cejaran si no se dan pasos rápidos y decididos en las reducciones de emisiones de carbono a la atmósfera.
Dicen que no será suficiente con la instalación de unos parques eólicos mientras se siga con el mismo funcionamiento productivo y consumiendo la energía de los combustibles fósiles sin ningún freno. Las declaraciones pomposas sobre la emergencia climática y la transición energética de los gobiernos están sirviendo más bien poco. Más de 300 millones de personas en el mundo se encuentran en una situación de vulnerabilidad por la subida del nivel del mar, sequias que provocan hambrunas, etc., y muchas de ellas se ven obligadas a emigrar a otras tierras donde encontrar un proyecto de vida y asegurar un futuro habitable.
Las personas mayores somos una franja de la ciudadanía a la que más nos pueden afectar, desde el punto de vista de salud, estos fenómenos meteorológicos extremos y estragos medioambientales. Ni por nosotros/as ni por las próximas generaciones podemos dejar que la salud y la vida de la Tierra se vaya deteriorando a ritmos cada vez más acelerados.
7.- Las espadas se mantienen el alto en la lucha contra la reforma de Macron
El martes se llevó a cabo la décima jornada de movilizaciones iniciadas el 19 de enero en todo el Estado francés contra la reforma regresiva de Macron. Se repitieron los paros sobre todo en los transportes y la energía, así como bloqueos en puertos, muelles y refinerías. Si bien las movilizaciones multitudinarias en las calles no alcanzaron las cotas más altas de algunas anteriores, los sindicatos cifraron en dos millones las personas movilizadas. Una vez más, además de París en unas 250 ciudades se llevaron a cabo manifestaciones, entre ellas en Bayona (Ipar Euskal Herria) con unas 13.000 personas participantes. El despliegue policial fue muy fuerte, con cargas y detenciones en diversas ciudades.
La participación de la juventud se está acrecentando en las últimas movilizaciones. Más de 500 institutos permanecieron cerrados o bloqueados y su presencia en las manifestaciones se hizo muy patente.
Ahora están en manos del Consejo Institucional la propuesta de aceptación de la reforma y los recursos para que se rechace. También la posibilidad de que se pueda llevar a cabo un referéndum. Sus decisiones las hará públicas el 14 de abril. Pero hay que tener muy pocas esperanzas en que resuelva a favor del rechazo a la reforma a no ser que las movilizaciones de protesta y de rechazo masivo social no solo se mantengan, sino que se refuercen. Para el próximo día 6 está convocada otra jornada de movilización general.
