1.- Desde enero del año pasado el encarecimiento de la cesta de la compra ha sido del 7,4%
Según datos del INE la inflación interanual en enero ha sido un 3,4% y el encarecimiento de la cesta de la compra un 7,4%. En ambos casos, una décima más que en el último mes de 2023.
Como se puede observar el incremento de los productos básicos de la cesta de la compra se mantienen muy por encima de la inflación. Pero algunos de ellos, además, alcanzan encarecimientos escandalosos. Desde enero del año pasado las legumbres y las hortalizas se han encarecido casi un 16%, la carne de cerdo más de un 12%, las frutas en torno a un 14% y, sobre todo, quien continúa sin tener límites es el precio del aceite que ha aumentado un 69%. A todos estos aumentos de precios hay que sumar el de los recibos de la luz, que se “justifica” porque el IVA reducido del 5% hasta diciembre por la factura de la luz ha pasado al 10% en enero.
Agricultores y ganaderos, sobre todo de pequeñas explotaciones, se quejan de que los precios que les pagan por sus productos son muy bajos y no les dan lo suficiente para vivir. En cambio, los precios de los supermercados son muy altos y lo sufre la mayoría de la sociedad, la clase social más baja. Corresponde a las instituciones apoyar al sector primario, especialmente a la pequeña agricultura que ofrezca alimentos de calidad y que trabaje en el modelo agroecológico, al mismo tiempo que se controle los precios y se limita los beneficios de los grupos empresariales intermediarios. Así no tendría que pagar las clases populares estos precios escandalosos.
Todo ello, sin menoscabo de que los trabajadores y pensionistas continuemos exigiendo mejoras de salarios y pensiones que restablezcan nuestro poder adquisitivo y calidad de vida.
2.- Actualización muy limitada del complemento de las pensiones mínimas en Navarra
A las personas pensionistas que en Navarra perciben pensiones de viudedad o de jubilación de baja cuantía y se les complementa mediante deducciones fiscales, se les incrementará su prestación en un 6,38% en 2024.
Según establece la normativa foral, estas deducciones fiscales, al igual que la Renta Garantizada (RG), se actualizan cada año de acuerdo al incremento del IPC (promedio anual) o al incremento del Coste Salarial Ordinario de Navarra, siendo elegido el de mayor cuantía, por lo que la cifra de incremento que corresponde, de acuerdo con la norma, es del 6.38%.
Según el Departamento de Derechos Sociales el pasado año 2023, un total de 14.451 pensionistas accedieron a esta medida: 5.595 corresponden a personas que perciben pensiones de viudedad y 4.856 a personas que reciben pensiones de jubilación bajas. Además, a 637 personas con pensión de jubilación no contributiva, que cabe recordar perciben la complementación a través de la Renta Garantizada (RG), también se les actualizará en el mismo porcentaje del 6,38%.
Los mecanismos habituales para percibir las deducciones fiscales con la declaración de IRPF se aplican a las pensiones de viudedad y jubilación contributivas bajas. Pero las pensiones de viudedad con derecho al complemento a mínimos y las de viudedad del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), siempre que soliciten el anticipo, tienen derecho a que el abono del complemento se haga efectivo en doce mensualidades.
El complemento alcanzaba hasta 11.826,70 euros (845 en 14 pagas) en 2023 y será de 12.581,24 (899 en 14 pagas) para 2024, muy lejos del objetivo inmediato de 1.080 euros. Además, hay que tener en cuenta que para su obtención se tienen en consideración todos los ingresos de la unidad familiar por lo que la persona pensionista puede no generar el derecho a ello a causa de los ingresos del resto de los integrantes.
Y esta puede ser la consecuencia principal, junto con el desconocimiento de la obligación de hacer la declaración de la renta, de que, durante el año 2023, a 22.000 pensionistas de Navarra la Seguridad Social les ha venido complementando su pensión hasta la pensión mínima de 743 euros en 14 mensualidades y, sin embargo, según informaciones de la Consejería de Derechos Sociales, menos de la mitad de estas personas, en concreto 10.451, hayan accedido al complemento foral. No nos cansaremos de exigir que el complemento tiene que ser individual, como lo es la pensión y además que Hacienda de Navarra actúe de oficio para informar a esas personas de sus posibles derechos.
3.- El gobierno de Lakua propone subvencionar la instalación de cajeros automáticos en 64 municipios rurales
Son ya bastantes años en que los bancos iniciaron el cierre de sucursales y cajeros automáticos, la reducción drástica sus plantillas, la imposición progresiva de los servicios digitales y on line en detrimento de la atención presencial, etc., todo ello con el objetivo de reducir gastos y aumentar sus beneficios. Los cuales, además, estos últimos años se han visto catapultados con las subidas de tipos de interés en las hipotecas, en los créditos al consumo y, demás, aprovechando los altos tipos de interés impuestos por el Banco Central Europeo para “enfriar” la inflación. A todo ello hay que suman el cobro de comisiones por cualquier servicio.
Los cierres de pequeñas sucursales “no rentables” y de cajeros automáticos se ha dejado sentir con especial gravedad en las zonas rurales, donde la población no tiene otro remedio que tener que desplazarse a zonas urbanas, o a pueblos con cierta dimensión, que le permita cualquier operación bancaria, más aún cuando cualquier gestión económica hay que hacerla a través del sistema bancario.
Hace un par de años el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria llevamos una campaña de denuncia de las actuaciones de los bancos, sobre todo por los efectos que sus medidas de recortes e imposiciones de todo tipo estaban teniendo entre las personas pensionistas y mayores. Esa campaña incluyó algunas entrevistas con directores bancarios, manifestaciones de protesta y la presentación de mociones en numerosos ayuntamientos que dieron su apoyo a nuestras peticiones. Logramos algunas pequeñitas mejoras, incluido el mantenimiento en algunos bancos de la atención presencial.
Pero los bancos han continuado adelante con sus planes, dejando, entre otras cosas, a numerosos municipios rurales sin cajeros automáticos. Pero las instituciones políticas, en este caso el Gobierno Vasco, en lugar de exigir a los bancos que los mantengan, se propone abrir una línea de ayudas en cada municipio rural (subvenciones, en definitiva), para la instalación de 64 cajeros en diversas zonas rurales de la CAV: 6 en Araba, 21 en Gipuzkoa y 25 en Bizkaia. Con esta medida, además, pretende quedar bien ante las poblaciones rurales que necesitan esos servicios, señalando que lo hace “para favorecer las relaciones económicas, desarrollo y bienestar de esas comunidades”.
No se sabe muy bien esa subvención a donde irá dirigida, pero caben pocas dudas de que estén destinadas a aquellos bancos dispuestos a abrir y mantener esos cajeros automáticos. Es una desvergüenza cuando tienen enormes beneficios y el monopolio de todo el sistema financiero que se destine dinero público para esos intereses de la banca. Sin regular sus actuaciones y controlar y limitar sus beneficios la ciudadanía estaremos sometidas a los intereses corporativos de la banca, que solo mira por los intereses de sus gestores y accionistas, en detrimento de los de la gran mayoría de la población. Meter mano a la banca e impulsar un sistema financiero público se hace cada vez más imprescindible. Pero esto solo puede lograrse con una amplia y potente contestación social, en la que se comprometan colectivos y movimientos sociales, sindicatos y partidos de izquierda.
4.- Las plataformas en defensa de la sanidad pública de la CAV llaman a manifestarse el 16 de marzo
El pasado sábado día 17 de febrero se celebró en Barakaldo una asamblea de todas las plataformas ciudadanas (OPA Herri Plataformak) de la CAV. Después de analizar la situación que atraviesa la sanidad pública decidieron llamar a la ciudadanía a manifestarse el 16 de marzo en Bilbao, Donostia y Gasteiz en defensa de una sanidad pública, universal, integral y de calidad, que se encuentra en una situación crítica por los recortes y el avance en el desmantelamiento y la privatización de Osakidetza, en especial en la Atención Primaria.
Calificaron de poco creíbles las promesas realizadas tanto por Imanol Pradales, candidato del PNV a las elecciones autonómicas de mejorar Osakidetza si llega a lehendakari, como el anuncio, a bombo y platillo, de Gotzone Sagardui de invertir 277 millones de euros en mejoras para los hospitales de Donostia, Galdakao y Basurto.
Consideran que son poco fiables, cuando no quieren reconocer el deterioro de Osakidetza provocado, entre otras razones, por leyes privatizadoras como la ley 15/97 que fue aprobada con el apoyo de su propio partido. Además, se plantea esa inversión de 277 millones de euros en un plan a varios años, cuando existen en la actualidad problemas muy graves: falta de personal, largas listas de espera, una situación un tanto agónica de la Atención Primaria, altísima temporalidad, etc., que exigen medidas inmediatas de reparación y solución.
Las OPA Herri Plataformak apuestan por movilizaciones unitarias y plurales por lo que llaman a todas las organizaciones sociales y sindicales, al movimiento de pensionistas y a toda la ciudadanía a participar en las manifestaciones del 16 de marzo para exigir al gobierno actual, o al nuevo que se forme tras las elecciones, a que se dé un giro de 180 grados y adopte medidas eficaces que garanticen un modelo de cuidados integral, 100% público, universal, digno y de calidad.
5.- Las Mujeres del MPEH presentan a Emakunde su decálogo sobre los cuidados
Una representación de las Mujeres del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) fue recibida hace unos días por Miren Elgarreta, directora de Emakunde, y por Miren Josune Irabain, secretaria general de la entidad.
En esa reunión se les informó del proceso que como mujeres del Movimiento de Pensionistas están llevando a cabo. Y se les entregó el decálogo sobre cuidados que después de un largo proceso de debate y reflexión se ha elaborado. Este documento fue debatido y aprobado en la III Asamblea de Mujeres Pensionistas celebrada el pasado octubre en Bergara.
Las compañeras pensionistas remarcaron la necesidad de un sistema de cuidados equitativo, universal y público, donde las personas con más necesidad y menos recursos sean la prioridad a la hora de diseñar políticas en torno a los cuidados de cualquier tipo.
Se les solicitó, así mismo, que se haga un esfuerzo desde la entidad y el gobierno por visibilizar a las mujeres mayores como el colectivo que también en la vejez y en las situaciones de dependencia siguen sufriendo las mayores desigualdades.
Las compañeras informan que el próximo y cercano 8 de marzo, serán los cuidados el eje principal de sus reivindicaciones.
6.- Mentiras y gastos impropios de la Seguridad Social
El argumento interesado de los que quieren empobrecer y privatizar las pensiones públicas se basa en una mentira, como es afirmar que el Sistema Público de Pensiones es deficitario. Esa falacia oculta interesadamente que a la Seguridad Social se le cargan, año tras año, una serie de gastos que no le corresponden. Partidas que deberían ir a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, y no a la Seguridad Social.
Estos gastos impropios son de diversa naturaleza, como las reducciones en la cotización a la SS para fomento del empleo, la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, el complemento por maternidad, las medidas de apoyo para ayudas a sectores específicos, o el coste de complementar las lagunas de cotización, entre otras partidas de naturaleza “no contributiva”.
Ya es Tribunal de Cuentas estimó en su día ‒marzo del 2022‒ que la factura de gastos impropios, que el Estado debe a la Seguridad Social, ascendía a 103.690 millones de euros por el periodo comprendido entre 1989 y 2018. Por su parte, el anterior ministro del ramo José Luis Escrivá reconoció el año pasado, en un ataque de sinceridad, que en los últimos 30 años se han cargado indebidamente a la SS 144.000 millones de euros.
Si vamos al detalle de los dos últimos ejercicios, en datos oficiales de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) encontramos que los gastos cargados indebidamente a la Seguridad Social fueron 18.396 millones de euros en 2022 y 19.988 en 2023, que el Estado ha tenido que transferir (lo hace desde 2013) para no provocar un agujero en las pensiones públicas. Pero los cargos por gastos indebidos no cesan, año tras año.
Así pues, ¿de qué estamos hablando? Pues de un ataque continuo a las cuentas de la Seguridad Social, con partidas ajenas a su naturaleza y a sus fines. Creemos además que este machaque es interesado, para intentar justificar la supuesta necesidad de recortes y privatizaciones de las pensiones públicas, que desde el Movimiento Pensionista rechazamos categóricamente.
Mientras tanto, desde el verano de 2022 se está incumpliendo la Ley 21/2021, que obligaba al gobierno a elaborar un informe de Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, que pondría negro sobre blanco la salud y solvencia de las mismas, y cerraría el paso al discurso y a la avaricia de las élites financieras.
7.- Colectivo de pensionistas de Bilbao con movilidad reducida: “Esta OTA nos agota”
Hace dos lunes participaron en una de las concentraciones habituales de pensionistas ante el Ayuntamiento de Bilbao, en la que recibieron el apoyo para denunciar la situación que vienen sufriendo con la OTA actual. Señalan que, estos días, han tenido una reunión con el director de movilidad del Ayuntamiento para tratar el tema de la OTA. La respuesta por parte de este responsable ha sido que el cambio de las plazas PMR se debe a una queja por parte de FEKOOR con respecto a la poca disponibilidad de plazas de aparcamiento, entre otras cosas por el uso fraudulento de las mismas.
Indican que se han conseguido ciertos cambios respecto a la propuesta inicial y son estos: se va a poder aparcar en las plazas reserva PMR gratuitamente, sin importar si eres conductor o no; si eres de Bilbao o no. Nos ha confirmado que las personas residentes tienen que registrarse como residentes y pagar una cuota de unos 50-60 € al año, de ese modo obtendríamos las condiciones preferentes. Es decir, aparcar de manera indefinida en parcelas verdes (parcelas para residentes) de la OTA, tanto si somos los conductores o no. Y además se podrá aparcar por dos horas en las plazas azules.
Pero no tienen ninguna intención de cambiar más la norma. En resumen, para ellos su único error ha sido no informar debidamente, y que eso ya lo van a solucionar mediante un tríptico informativo respecto al uso de la aplicación OTA. A pesar de haber conseguido ciertos avancesdesde lanormativa anterior, nos sigue pareciendo discriminatoria y un paso atrás en los derechos adquiridos por nuestro colectivo.
8.- Protesta feminista contra los problemas del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Bilbao
Más de un centenar de mujeres del movimiento feminista de Euskal Herria, trabajadoras del hogar, trabajadoras sexuales, tanto de sindicatos como de movimientos de jóvenes y de pensionistas, dieron el martes una rueda de prensa delante del Arriaga y, posteriormente, se dirigieron en manifestación hasta el Ayuntamiento de Bilbao. En la manifestación participaron también algunos hombres.
Destacaron que la Huelga General del 30N del año pasado estuvo presidida por la demanda y exigencia de un sistema de cuidados público y comunitario. Demanda y objetivo que fue ratificado en la Asamblea Nacional Feminista celebrada en Gasteiz el 28 de enero, en el que participaron 300 mujeres, y por el que seguirán peleando y exigiendo a las instituciones públicas que tomen medidas efectivas para apoyarlo e impulsarlo.
En esta ocasión, quisieron, de un modo concreto, denunciar la actuación del Ayuntamiento de Bilbao por establecer unos precios inasequibles para poder contar con el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). A principios de diciembre a las personas usuarias de ese servicio se les informó de que el precio del servicio aumentaría a partir de enero, pudiendo llegar a triplicarse. Ello ha provocado que un cierto número de personas usuarias, no pocas de ellas pensionistas, se hayan visto obligadas a reducir las horas de atención que necesitan y que otro amplio sector se haya visto obligada a darse de baja del SAD y acudir a empresas privadas para recibir el “mismo servicio”, porque es más barato acudir a estas en vez de hacerlo al servicio que ofrece el Ayuntamiento. Obviamente, las trabajadoras que trabajan para estas empresas sufrirán más cargas de trabajo y menos salarios por el servicio de atención que realizan.
Realmente es vergonzante la actuación del Ayuntamiento ante la necesidad de prestar unos servicios de atención domiciliaria a cada vez más personas que la necesitan, muchas de ellas, además, con una disponibilidad económica muy baja. El movimiento feminista dejó claro su rechazo al encarecimiento del servicio, exigiendo que debe ser público y gratuito.
