1.- Las mociones e interpelaciones sobre la banca promovidas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria se multiplican
Son ya 69 los Ayuntamientos en Hego Euskal Herria donde se han presentado las mociones del movimiento de pensionistas sobre los problemas que padecemos con las entidades bancarias. 24 en Araba, 16 en Bizkaia, 14 en Gipuzkoa y 15 en Nafarroa. Todo hace prever que en el curso de las próximas semanas se supere la cifra de los 80.
En la mayoría de los casos aún no se han celebrado los Plenos de los Ayuntamientos, por lo que de momento son una minoría donde se ha debatido y votado la moción. Aun así, podemos avanzar que en Araba se han aprobado ya en Gasteiz, Agurain y Amurrio. En Bizkaia en Zornotza y Trapagaran. En Gipuzkoa en Hernani, Irun, Renteria y Zumaia.
Paralelamente a la presentación de mociones se están llevando a cabo interpelaciones ante las Juntas Generales de cada territorio histórico, con las mismas demandas de las mociones, adecuadas al marco de cada institución. En Bizkaia se llevó a cabo el día 11 con la Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía. Mas allá de la cordialidad y atención con que fue acogida la representación del movimiento de pensionistas, se planteó a la comisión y a todos los grupos junteros que forman parte de la misma, que se lleve la demanda a las Juntas Generales de Bizkaia. En Gipuzkoa se ha solicitado una comparecencia similar, pero hasta el momento no han tenido ninguna contestación, por lo que se está a la espera de la fecha para la comparecencia.
La presión social que se está llevando a cabo ha hecho que algunas entidades bancarias hayan recuperado parte de los horarios de apertura y atención presencial. Pero se está muy lejos de lo demandado y de una generalización por parte de las entidades bancarias de dar siquiera esos pequeños pasos.
2.- La inflación crece y el poder adquisitivo de los salarios y pensiones decrece
La inflación en febrero oficialmente se ha situado en el 7,6%, dos décimas más de lo que se había anunciado hace dos semanas. De este modo supera en un 1,5% la de enero (6,1%) y la de diciembre un 1,1 (6,4). Diversas fuentes patronales y sindicales estiman que en marzo puede alcanzar al 10%, sin atreverse a pronosticar, a la vista de los nuevos problemas económicos derivados de la guerra de Ucrania, qué niveles de inflación pueden alcanzarse en los meses siguientes.
Los convenios que se han renovado desde principios de año contemplan de media una subida salarial del 2,2%. Y las pensiones, tras la pérdida del 3% del año pasado han sido revalorizadas para el 2022 sólo con el 2,5%. Si la inflación se sitúa en los próximos meses en torno al 10%, aunque sea menor, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las pensiones va a ser enorme.
Posible pacto de rentas
En las últimas semanas está saliendo a la palestra la necesidad de un Pacto de Rentas para paliar los efectos de la galopante inflación y de la crisis económica que estamos sufriendo. El Gobierno está presentando y negociando sus propuestas con CEOE-Cepyme, CCOO y UGT. Todos nos hablan de que hay que compartir sacrificios, moderar beneficios, salarios, pensiones… o de medidas tales como las que Borrel (exministro socialista y vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad Nacional) ha propuesto reducir gastos y consumo de electricidad, el gas y otros elementos básicos de consumo, mientras defiende aumentar gastos militares y envío de armas a Ucrania.
Resulta triste oír públicamente a uno de los dirigentes sindicales firmante de la reforma de pensiones y de la laboral ‒que ahora está participando de las negociaciones en torno a ese posible pacto de rentas‒ que no es posible ni razonable que los salarios y las pensiones se puedan revalorizar con el IPC y que hay que pensar que cuando la economía se recupere, intentar recuperar el poder adquisitivo perdido. Desde luego, no es esa la posición de la mayoría sindical vasca ‒que duplica la representación sindical de CCOO y UGT en el sur del país vasco‒ que, al igual que el movimiento de pensionistas de Euskal Herria, defiende y exige que los salarios y pensiones se actualicen con el IPC real interanual.
La última joya de la corona que se ha hecho pública por El Economista, es que dentro del Pacto de Rentas se está contemplando que para el año 2023 las pensiones se revaloricen aun menos que con el muevo IPC medio que nos han impuesto. No solo les importa un comino que en la primera parte de la reforma de pensiones se estableciera eso que denominan IPC medio, sino que ahora están dispuestos a hacer caso omiso de lo que aprobaron y están pensando en utilizar todas las triquiñuelas que sean necesarias, para reducir aún más las pensiones.
Vamos a tener que pelear con fuerza para poner freno a este deterioro de los salarios, pensiones y derechos sociales que afectan a la mayoría social de Hego Euskal Herra y del resto de los Pueblos del Estado y que ese posible pacto de rentas no suponga un nuevo y más grave sacrificio para las clases populares. Por desgracia, con pacto de rentas o sin él, seguiremos comprobando cómo las multinacionales, bancos, grandes empresarios continuarán obteniendo grandes beneficios, vanagloriándose además de los mismos.
3.- Poner freno a los escandalosos precios de la electricidad
Los enormes beneficios de las empresas eléctricas, obtenidos por los escandalosos precios que establecen de la electricidad, ha hecho que el propio secretario general de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) tenga que manifestar que hay que elevar los impuestos a la eléctricas y estima que en las actuales condiciones pueden elevar sus beneficios en 200.000 millones de euros y que parte de ese dinero debe dirigirse a compensar la subida de la luz a los consumidores.
Asimismo, la OCDE ‒organización internacional nada progresista ni sospechosa de ayudar a las poblaciones y países más pobres del mundo‒ señala también que la creciente desigualdad y la acuciante necesidad de los países de elevar la recaudación para abordar el desequilibrio de las cuentas públicas tras la pandemia puede hacer de la fiscalidad sobre las herencias y donaciones un “importante instrumento” para paliar esa grave situación.
Desde el Gobierno del Estado se viene planteando desvincular el precio del gas del de la electricidad y establecer unas medidas fiscales que intenten paliar el alto costo de las tarifas eléctricas ‒que inciden gravemente en el grueso de la población y en todos los sectores de producción y consumo‒ y las altas tasas de inflación. Pero están aún sin concretar y con diferencias entre el PSOE y Unidad Podemos sobre la dimensión de las mismas y a quiénes y cómo aplicarlas. Mucho nos tememos que las grandes empresas eléctricas y gasísticas, entre otras, se salgan de rositas y manteniendo unos beneficios espectaculares.
En Hego Euskal Herria están previstas diversas iniciativas para denunciar el precio de la electricidad y del coste de la vida. El movimiento de pensionistas de Euskal Herria tiene previsto, por su parte, llevar cabo el lunes 28, diversas manifestaciones y concentraciones ante la Torre de Iberdrola en Bilbao, así como ante otros centros de esta gran empresa eléctrica que estén ubicados en el resto de capitales, comarcas y pueblos del País Vasco. Ciertamente, la electricidad, el gas y otras energías son elementos básicos para la vida de toda la población, pero sus elevados precios afectan de un modo mucho más dramático para los sectores más desfavorecidos. Deberían constituir unos servicios públicos, nacionalizando las grandes empresas eléctricas sin indemnización, pues se han forrado a lo largo de toda nuestra vida con enormes y pingües beneficios.
4.- Huelgas de residencias en Nafarroa y Araba
Las trabajadoras de residencias de Nafarroa, convocadas por ELA, UGT, LAB y CCOO, llevaron a cabo el día 10 la tercera jornada de huelga para presionar por la negociación del primer convenio provincial del sector de la dependencia. La patronal mantiene su negativa a la mejora de las condiciones laborales de los y las trabajadoras. El jueves tuvieron otra reunión de la mesa negociadora, pero sin avances por lo que los sindicatos mantienen su convocatoria de huelga también para los días 24 y 31 de marzo.
El convenio provincial afecta a más de 4.500 trabajadoras, repartidas en más de 70 centros. Sus exigencias básicas son: Contrataciones de calidad con salarios dignos, acabando con la temporalidad y los contratos a tiempo parcial. Medidas efectivas de seguridad y protección. Limitar o impedir los fondos buitres en el sector. Gestión pública de las residencias, pues la mayoría de los servicios profesionalizados están en manos de empresas privadas. Formación y profesionalización del sistema. Fortalecer las inspecciones. Están dispuestas a continuar con la lucha hasta conseguir sus reivindicaciones.
En Araba, las trabajadoras del sector de residencias y de viviendas comunitarias están convocadas por los sindicatos ELA y LAB ‒que representan a la mayoría de la mesa negociadora del primer convenio sectorial a conseguir en la provincia‒ a realizar una jornada de huelga el día 30.
La patronal mantiene bloqueadas las negociaciones y su propuesta se reduce a que, para la finalización del convenio en 2026, el salario mensual de las trabajadoras sea de 1.200 euros (sin ninguna garantía del IPC) y con jornadas de 1.742 horas. Los sindicatos han anunciado que no van a aceptar esas condiciones y, por el contrario, su propuesta apuesta por “revertir esa situación”, con un incremento del 50% en todas las categorías garantizando el IPC (para el 2022) y el poder adquisitivo de todas las trabajadoras del sector, además de una bajada de 200 horas para el año 2022. Las condiciones laborales del sector en Araba están muy alejadas de las de Gipuzkoa y Bizkaia, que además también son muy precarias y por ello se encuentran en lucha por superarlas en sus respectivos convenios provinciales.
5.- Crítica del Proyecto de Ley de Regulación de los Planes de Pensiones de Empleo
La guerra de Ucrania y sus efectos están sirviendo de tapadera por muchos gobiernos no sólo para ocultar los graves problemas sociales internos de sus países sino para avanzar sin ruido social y mediático en sus planes de recortes de pensiones, salarios y otros gastos sociales. Ahí están, entre otros, en el Estado español el plan de la segunda parte de la Reforma de las Pensiones, el proyecto de Ley de Regulación para el impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, el Pacto de Rentas o las negociaciones entre la CEOE, CCOO y UGT, para un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para los próximos tres años.
El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha elaborado un informe crítico sobre el Proyecto de Ley de Regulación de los Planes de Pensiones de Empleo. Y el próximo lunes se dará a conocer en las concentraciones de las capitales y los pueblos un comunicado resumen del mismo. En él se recoge:
Tras leer el texto del proyecto de Ley no encontramos justificación alguna para impulsar desde el ámbito público el denominado segundo pilar del Sistema de Pensiones. Los recursos públicos que se van a destinar al desarrollo de los fondos de pensiones regulados en ese proyecto de Ley estarían mucho mejor empleados en el sistema público de reparto. Todo el mundo sabe que garantizar unas pensiones públicas dignas, justas y suficientes requiere un empleo de calidad y un salario digno que genere cotizaciones sociales suficientes, no impulsar sistemas complementarios de capitalización.
Sin entrar a cuestionar la falta de equidad fiscal que prima las rentas del capital respecto a las del trabajo abordar en desarrollo del denominado segundo pilar del sistema de pensiones del Estado con una creciente deuda pública y con las premisas comentadas es probablemente un brindis al sol, que sólo servirá para justificar nuevos recortes de las pensiones públicas. De otra parte, el Proyecto de Ley en esencia contribuye a la centralización de las relaciones laborales y el control de los planes de pensiones colectivos que no compartimos.
Ante la tramitación del Proyecto de Ley el MPEH exigimos:
La retirada del Proyecto de Ley y que las aportaciones a planes y fondos de pensiones coticen sin deducciones a la Seguridad Social como salarios y tributen como rentas de trabajo.
Un proyecto de ley como este so puede ser tramitado con carácter de urgencia para eludir el debate social y parlamentario.
Rechazamos que reforma tras reforma se instaure un Sistema Público de Pensiones de mínimos y se impulse como alternativa un Sistema de Pensiones Complementario, para quien se lo pueda permitir, con el señuelo de alcanzar una pensión digna.
Junto al informe del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria sobre este Proyecto de Ley, disponemos de otros dos documentos de interés: Uno elaborado por las y los compañeros pensionistas de Araba, que está ya circulando por algunas redes sociales. El otro escrito por el compañero Mikel de la Fuente, con el título “Pensiones Privadas en el Estado español y en la CAPV” (Comunidad Autónoma del País Vasco).
6.- Campañas de recogida de firmas
De un modo separado o en paralelo, el movimiento de pensionistas de Euskal Herria está inmerso en dos campañas de recogida masiva de firmas, que tendrán la duración de algunos meses. Una de ellas, esta referida a la recogida de firmas para el impulso de una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) a escala estatal, en Defensa de la Sanidad Pública y en Contra de la Privatización. La otra, forma parte de una campaña a nivel estatal impulsada por el movimiento de pensionistas vasco conjuntamente con plataformas y movimientos de pensionistas del resto de los Pueblos del Estado y tiene por fundamento SOLICITAR a todos los miembros del Congreso de los Diputados que den los pasos legislativos necesarios para exigir y garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, medido con el IPC real, y la subida de las pensiones mínimas a 1.080 euros y en contra de la privatización total o parcial.
7.- Jornada con el título “EL CUIDADO IMPORTA”
Organizada por cumade (cuidado de Mayores y Dependientes Covid-19), por AFIT (Antropología Feminista Ikerketa Taldea) y la UPV (Universidad del País Vasco), el 1 abril se llevará cabo una jornada en Bizkaia Aretoa-Sala Arriaga que tratará sobre el Impacto de Género en las personas cuidadoras de mayores y dependientes en tiempos de la Covid-19. Babestu (Asociación de Familiares de Residentes de Bizkaia) considera de interés la participación en esta jornada.
